La decisión del Tribunal Supremo de España de sentenciar a varios años en prisión a 12 expolíticos y activistas catalanes por su papel en el movimiento independentista de 2017 generó disturbios, manifestaciones y protestas en Cataluña.
Durante la tarde, policías antimotines se enfrentaron contra manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona, mientras que al anochecer miles de personas expresaron su descontento en distintos puntos de la capital catalana, sobre todo en la plaza Sant Jaume.
Las autoridades utilizaron bastones contra los manifestantes que se congregaron en el aeropuerto El Prat convocados por Tsunami Democrático, que apoya la independencia de Cataluña. El operador aeroportuario de España, Aena, informó que por lo menos 67 vuelos fueron cancelados.
Momento difícil
Las fuertes sentencias en prisión disgustaron a la causa separatista, que pasa por su periodo más complicado en años debido a que sus líderes más carismáticos están tras las rejas o en el extranjero, previo a las elecciones generales de España programadas para el 10 de noviembre.
Los dos partidos políticos más importantes del movimiento independentista catalán están en desacuerdo sobre la estrategia a seguir y las organizaciones activistas que han impulsado al movimiento expresaron críticas por la falta de avances.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que esperaba que las sentencias representaran un hito en el añejo enfrentamiento entre las autoridades nacionales en Madrid y los separatistas en la capital catalana. Señaló que el veredicto probó que el intento de secesión de 2017 se había convertido en "un naufragio" e instó a la gente a dejar de lado las posiciones extremistas y "embarcarse en una nueva fase" para Cataluña.
Sin embargo, los independentistas tomaron una postura desafiante y salieron a las calles en una muestra de fuerza. Los manifestantes también interrumpieron los servicios del tren catalán luego de colocar neumáticos en llamas y maderas sobre las vías. También bloquearon algunas rutas de la región.
En lucha
Los líderes catalanes sentenciados, que estuvieron tras las rejas por casi dos años mientras sus casos pasaban por las cortes, se han convertido en símbolos importantes para los separatistas.
"Nueve años en prisión no acabarán con mi optimismo. Cataluña será independiente si persistimos. Manifestémonos sin miedo, avanzamos decididos desde la no violencia hacia la libertad", dijo desde la prisión Jordi Sánchez, el exlíder de la ANC, quien fue condenado a nueve años de cárcel, igual que su compañero activista Jordi Cuixart.
Quim Torra, actual presidente de Cataluña, dijo que "el veredicto es un acto de venganza". Y aseveró: "No nos impedirá actuar según nuestra determinación de construir un Estado independiente para nuestra nación".
El expresidente catalán Carles Puigdemont, quien junto con otros políticos huyó a Bélgica en octubre de 2017 cuando fueron citados para comparecer ante la Corte, dijo que las elecciones generales son una oportunidad para mostrar una "respuesta masiva de rechazo, de dignidad y de firmeza".
Los fiscales basaron su caso en el referendo de independencia del 1 de octubre de 2017, que el gobierno catalán celebró pese al veto del máximo tribunal del país.
El voto a favor de la independencia ganó la consulta, pero al tratarse de una votación ilegal, la mayoría de los votantes no participó y el conteo se consideró poco fiable. Sin embargo, el Parlamento catalán declaró de forma unilateral la independencia tres semanas más tarde, desencadenando la peor crisis política en España en décadas.
El gobierno español intervino y despidió al gobierno regional de Cataluña, con los fiscales que posteriormente empezaron a presentar cargos.
Nueve de los catalanes acusados fueron condenados a entre 9 y 13 años en prisión por sus intentos de separar a Cataluña de España por medio de un referendo ilegal. Otros cuatro recibieron penas por mal uso de fondos públicos y tres fueron multados por desobediencia. La Constitución española estipula que el país no puede ser dividido.
El exvicepresidente Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado –ante la ausencia de Puigdemont– fue quien recibió la pena máxima de 13 años de cárcel e igual período de inhabilitación.
La sedición fue la figura elegida por el tribunal
La condena por sedición fue desde el principio la apuesta clara de la mayoría de magistrados en la Sala que juzgó el denominado “procés” independentista en Cataluña en el Tribunal Supremo.
De este modo, con excepción de algún matiz introducido por algunos de los magistrados, puede decirse que la opción de condenar por rebelión tal y como solicitaron los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal fue descartada desde el inicio de la discusión en el seno del tribunal.
En su resolución, el tribunal tuvo sobre la mesa también otras dos opciones que fueron también descartadas, como eran la rebelión en grado de tentativa o el tipo también contemplado en el Código Penal de conspiración para la rebelión. En ambos casos, ello hubiera supuesto reconocer condenas previstas para la rebelión pero no en su grado máximo.
Desde el principio la unanimidad fue la nota general de las deliberaciones presididas por Manuel Marchena, quien propició una discusión y redacción de la sentencia por bloques en los que participaron el resto de integrantes de la Sala: Luciano Varela, Ana Ferrer, Andrés Palomo, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral.
La Sala condenó por sedición a los nueve exdirigentes catalanes porque creyó que los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017 fueron insuficientes para "imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán".
