Levantar la lápida de 1.500 kilos de la tumba identificada como de "Francisco Franco" llevará meses -no tanto por la fatiga física como por la burocracia-, pero el gobierno español inició ayer el procedimiento administrativo para exhumar los restos del dictador en el Valle de los Caídos: el Consejo de Ministros aprobó la creación de una comisión que se ocupará del traslado y acordó un plazo de quince días para que los familiares de Franco expresen dónde desearían que fuera enterrado quien yace allí desde que murió, en 1975, luego de haber gobernado España durante casi 40 años.
Un día antes de esta decisión del gobierno se supo que el nieto de Francisco Franco y vicepresidente primero de la fundación que recuerda al dictador, José Cristóbal Martínez-Bordiu Franco, le envió el 23 de agosto un comunicado al presidente Pedro Sánchez en el que le advertía sobre los presuntos delitos que podría cometer si aprobaba la exhumación del dictador, medida que el gobierno de Sánchez aprobó al día siguiente, el 24 de agosto, en su primera reunión del Consejo de Ministros luego de las vacaciones europeas.
Posibles delitos de prevaricación y usurpación de funciones así como de profanación de tumbas figuraban en el comunicado de intimidación de la familia Franco a Sánchez. La exhumación del cuerpo de Franco fue una de las primeras promesas de Sánchez tras tomar posesión de su cargo el 2 de junio. Para el gobierno socialista, "ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura".
"Las amenazas que a la presidencia del gobierno ha hecho la Fundación Francisco Franco no van a cambiar nada la determinación de este gobierno", dijo este viernes Isabel Celaá, portavoz del gobierno y ministra de Educación, luego de la reunión del Consejo de Ministros.
Decisión y proceso
En un primer momento, la familia Franco había manifestado que se haría cargo de sus restos si finalmente era exhumado del Valle de los Caídos.
Habían descartado que fuera trasladado a El Pardo, donde está sepultada su esposa, Carmen Polo, por motivos de seguridad. "Donde ella está enterrada no hay seguridad, no puede estar allí enterrado mi abuelo. Hoy en día no se contempla", había dicho Francisco Franco, otro de sus nietos.
El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, dijo que está dispuesto a atender las peticiones de la familia Franco sobre el destino de sus restos: "Siempre he dicho que todo lo que pida la familia lo haré. Es un bautizado, un cristiano y tengo la obligación de acogerlo donde digan ellos", dijo Osoro ante la posibilidad de que los familiares le pidan sepultarlo en la Catedral de la Almudena junto a su hija, Carmen.
Los siete nietos de Francisco Franco tienen quince días para presentar alegatos y expresar qué destino preferirían para los restos de su abuelo. Si no lo hacen en las próximas dos semanas, el lugar donde será enterrado Franco lo decidirán el presidente y sus ministros "asegurando una digna sepultura".
Ese procedimiento implica solicitar la asignación del título de derecho funerario al ayuntamiento en el que vayan a ser enterrados los restos y un informe de la comunidad autónoma. Luego de estos certificados, que deberían obtenerse en un mes, se volverá a dar un plazo de diez días a la familia para que presente alegaciones. Transcurrido este lapso, se resolverá cómo se procede a la exhumación.
Familiares identifican víctimas de la dictadura
Remedios Ferrer examina una fosa en la que los arqueólogos forenses limpian la tierra polvorienta y rastros blancos de cal viva y de la que desenterraron cuatro cráneos fracturados de en medio de una masa de huesos y ropa en descomposición. Su abuelo anarquista, Mariano Brines, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Paterna, meses después de que el general Francisco Franco proclamó su victoria en la Guerra Civil española (1936-1939). De acuerdo con los relatos de la familia, Brines fue enterrado junto a otros 99 simpatizantes del caído régimen republicano cuando la dictadura consolidó su control. Estas labores de exhumación, amparadas por la ley al menos durante la última década, han sido irregulares, intermitentes y dirigidas por los descendientes de las víctimas, que tienen que buscar financiamiento independiente y no estatal, lo que provocó críticas de organismos de Naciones Unidas.
