Tal fue el respaldo del Papa Francisco a la Argentina ante su crisis de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el discurso expresado ayer en el Vaticano podría haber sido redactado por el propio Alberto Fernández.
Francisco escogió palabras de las llamadas “exigencias morales” que escribió San Juan Pablo II en 1991 y hoy forman parte de la Doctrina Social de la Iglesia.
El Papa no habló de la Argentina en particular, pero sus dichos se ajustan claramente a la realidad del país. Así, elípticamente, Francisco le pidió al Fondo que alivie a la Argentina y le mejore las condiciones de pago de la deuda contraída por 44.000 millones de dólares. Solicitó no exigir un "sacrificio insoportable" que recaiga sobre las espaldas de la sociedad.
A su izquierda, dos personajes centrales en la novela que aún está por escribirse. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y Martín Guzmán, ministro de Economía argentino.
El Papa cuestionó al sistema financiero. Según Francisco, la deuda pública contraída en no pocos casos puede constituirse en un factor que daña el tejido social cuando termina orientada hacia finalidades como la especulación financiera, lejos de la promoción de la economía real.
Por ello, citó a San Juan Pablo II: "es justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir su pago cuando este vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras".
No fue la única cita: "no se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso".
Ante cada frase expresada en el Seminario "Nuevas Formas de Solidaridad" organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Georgieva asentía con la cabeza y Guzmán sonreía.
Georgieva mostró el lado más “humanizado” del Fondo. Afirmó que los países deben tender hacia nuevas “prioridades para la economía” global, entre las que mencionó un crecimiento inclusivo, integración internacional justa y acción climática sostenible.
A su turno, Guzmán fue al hueso. Dijo que hay una arquitectura ineficiente para la resolución de crisis de deudas soberanas. No hay, dijo, un marco legal claro y específico que señale cuál es el camino cuando un Estado cae en bancarrota y no puede pagar.
Esta situación, agregó, deja la situación en manos de negociaciones en las que las relaciones de poder son mayoritariamente desiguales, lo cual expone a los pueblos a la posibilidad concreta de un incremento de la pobreza, del desempleo y otras calamidades.
En ese contexto, Guzmán dejó expuesto su mayor temor: acordar una gran reestructuración con la mayoría de los bonistas privados y que luego aparezcan grupos minoritarios en forma de fondos buitre para trabar todo el proceso.
Una resolución de Naciones Unidas en 2014 establecía que debería haber un marco formal para las crisis de deuda. En 2015 hubo otra que establecía nueve principios base del mecanismo. En ambos casos, Estados Unidos -donde operan los principales fondos de inversión del mundo- bloqueó la implementación.
