En aquella época nuestro país importaba jóvenes por cientos de miles, no los mandaba al exilio como ahora. El secreto del éxito no fue otro que el régimen de libertad de la Constitución de 1853, donde cada persona podía emprender lo que quisiera porque no existían trabas al trabajo y, al mismo tiempo, era dueña del fruto de su esfuerzo sin que el Estado ni los malos políticos se lo robaran.
Fueron éstos los que, mediante políticas populistas, transformaron la prosperidad en decadencia y la riqueza en pobreza. Merced a esas medidas demagógicas crearon un Estado gigantesco e inútil, que no cumple bien ninguna de sus funciones esenciales. Para mantenerlo, los políticos irresponsables sancionaron cada vez más y más impuestos, pero como con esto no alcanzó, recurrieron a un instrumento maldito: la fábrica de pobreza; la falsificación estatal de moneda sin respaldo, es decir la inflación.
Para salir del atraso y del estancamiento es necesario dejar de robarle, mediante impuestos e inflación, al único que genera y produce riqueza: el que trabaja. Se debe implementar un programa de reducción y progresiva eliminación de impuestos, hasta dejar sin efecto los más de cien impuestos existentes y cortar con los impuestos regresivos (cheques, sellos e ingresos brutos, los más notorios).
Asimismo, hay que liberar al esfuerzo privado de regulaciones y restricciones, eliminando toda disposición que en forma irracional dificulte y entorpezca la iniciativa privada, como también que promueva el intervencionismo estatal.
Paralelamente, hay que actuar sobre las causas mediante un plan para reducir y reformar el Estado, terminando para siempre con los déficits públicos. El Estado debe concentrarse exclusivamente en la prestación de servicios esenciales: justicia, educación, seguridad, defensa y salud.
Una parte crucial de este plan apunta a modernizar el Estado mediante la profesionalización de la administración pública, a través de la promoción de la carrera del empleado público y el ingreso por concurso en la totalidad de modalidades de contratación. La consolidación de una burocracia basada en el mérito y al servicio de los ciudadanos, no de los partidos, sus parientes y los amigos del poder, es la clave para asegurar servicios eficientes y de calidad.
