En la última década, los conflictos socioambientales atravesaron la política argentina con una frecuencia nunca antes vista. El de más eco a nivel internacional fue la polémica por las papeleras ubicadas sobre el río Uruguay, que en 2005 provocó una disputa entre el gobierno argentino y el uruguayo que llegó hasta el Tribunal de La Haya.
También en plena discusión en torno a la Ley 125 de retenciones móviles, allá por 2008, cobraron fuerza los argumentos ecologistas que denunciaban los peligros del modelo sojero y el uso del glifosato. En los últimos años, las protestas y la represión contra los ambientalistas que piden el cierre de la mina de Famatina, en La Rioja, reabrieron el debate sobre la minería a cielo abierto a nivel nacional.
Además, tras el inicio del proyecto de explotación de Vaca Muerta en 2013, también se han empezado a denunciar los riegos de contaminación detrás de la apuesta al fracking y los yacimientos petrolíferos no convencionales.
Estos conflictos, que abarcan distintas regiones del país y cruzan alineamientos políticos, han llevado a que incluso se empiece a hablar de que la Argentina vive una crisis ambiental. Lucrecia Soledad Wagner, doctora en Ciencias Sociales y Humanas y especialista en gestión ambiental, encontró en el desembarco de proyectos de megaminería en Mendoza un escenario privilegiado para contar esta época del país.
En su libro “Conflictos socioambientales. La megaminería en Mendoza 1884-2011” (Editorial Universidad Nacional de Quilmes), Wagner se remonta hasta el siglo XIX y llega hasta la actualidad, tomando a la provincia como un territorio ideal para investigar este tema: es que la escasez de agua ha hecho que Mendoza conviva con esa idea de "crisis ambiental" desde mucho antes de que esta ingrese en la agenda nacional.
Rasgos como la aridez, la presencia de la cordillera y su sistema hidrográfico, "fueron tal vez más que en otros contextos colocadas como la causa y origen de la sociedad provincial, constituyéndose como limitantes naturales que impondrían determinada lógicas de desarrollo", escribe Wagner en la introducción a su libro, en el cuenta la historia de la minería a nivel nacional y local, haciendo especial hincapié en las asambleas socioambientales que surgieron en la última década y pusieron a Mendoza como un lugar de referencia en cuanto a conflictividad entre grupos pro y antiminería.
Wagner empezó a seguir el tema en 2005, como parte de una investigación del doctorado que estaba haciendo en la Universidad de Quilmes. "Justo ese año se visibilizó uno de los primeros conflictos, que tenía que ver con un proyecto de exploración metalífera en San Carlos. Lo que me interesaba era ver cómo interactuaba esa conflictividad en una provincia considerada fuerte en temas ambientales, donde hay legislación en temas de aguas desde el siglo XIX y donde se hizo una ley ambiental diez años antes que a nivel nacional", cuenta la investigadora, que en 2007 se terminó instalando en Mendoza y desde entonces siguió el proceso de cerca.
La mudanza coincidió con el momento en que “se sancionó la ley 7.722 que restringe la actividad minera y con la aparición del proyecto de Potasio Río Colorado en Malargüe, que presentaba por primera vez un informe ambiental para la etapa de explotación en una audiencia pública", explica.
-Usted investigó distintos conflictos ocurridos en el país a lo largo de la historia. ¿Qué le llamó la atención del caso mendocino?
-La primera impresión fue esa conciencia del agua como algo escaso. Era un símbolo muy fuerte en protestas antiminería, ya que se la ve como una actividad que viene a consumir el recurso. Yo vengo de Buenos Aires, donde el problema no es la cantidad sino la calidad. También era interesante el tema del agua que viene de la montaña, porque varios proyectos se situaban en lugares cercanos a esas fuentes de aguas, como fue el caso de San Carlos, donde el proyecto Papagayos iba a ir cerca de Laguna del Diamante.
-El libro plantea que en esa defensa del agua conviven grupos de territorios dominantes con las de otros marginados. ¿A qué se refiere?
-Los conflictos y las movilizaciones se generaron desde las zonas de oasis: San Carlos, Tunuyan, Tupugato, Alvear y San Rafael. Luego se suma la Asamblea del Gran Mendoza y las de otros departamentos. Casi todas son zonas de oasis, que es donde hay mayor población y más actividad económica. Pero con esto también se visibilizó el reclamo de zonas no irrigadas como Lavalle, donde el tema era la preocupación por el agua en general, no sólo el de la minería.
-¿Qué diferencias ve con la situación en San Juan?
-Creo que una diferencia es que en Mendoza hay mayor diversidad política. La disputa involucra a diferentes partidos, del radicalismo y peronismo a los demócratas, el ARI, ahora se suma el Frente de Izquierda, que incluso se fragmentan internamente por este tema. Hubo debates en la Legislatura por este tema, mas espacios de participación de la población en toma de decisiones, sobre todo en la evaluación ambiental de proyectos mineros.
También creo que es una sociedad más respetuosa de sus instituciones. En otras provincias el proceso fue más disruptivo, con movilizaciones, cortes y escraches. En Mendoza se dio eso, pero las asambleas además tuvieron diálogo con sectores del gobierno y se apropiaron de los espacios institucionales. Hubo hitos como la Audiencia Pública de 2010 en Uspallata, que duró 13 horas y fue una de las audiencias ambientales más largas de la historia argentina. Y también la ocupación de la legislatura provincial y la votación simbólica contra el proyecto San Jorge, en 2011.
-¿Cree que las empresas usaron distintas estrategias, también?
-En general, en Mendoza hubo un choque con la sociedad, pero tuvo que ver con la forma en la que la población tomó conocimiento del tema. En 2005 muchos funcionarios viajaron a un foro en Canadá para invitar a las empresas, pero eso no estuvo acompañado de una apertura del tema hacia la sociedad. Las mineras llegaron a las comunidades, la gente veía de pronto camionetas que no conocían y empezó a circular información de lo que había pasado previamente en lugares como Esquel. Por eso fue interesante lo que ocurrió en el caso de San Jorge, el primer proyecto de explotación de minería metalífera que se visibilizó, en 2009. Ellos abrieron una oficina en Uspallata con la idea de difundir su trabajo a la población, pero al intervenir en algunos espacios del lugar, como la iglesia o la escuela, generó un cierto malestar.
-Entre los argumentos antiminería en Mendoza, ¿qué le llamó más la atención?
-Por un lado, lo que comentaba del agua. Pero en Uspallata también fue interesante como se combino la retórica del agua como un recurso escaso con el tema del otorgamiento de la licencia social. Eso es algo que las empresas siempre buscan, pero ahí la población tomó esa idea y escribía en sus banderas “San Jorge no tiene licencia social”.
-¿Y en el discurso pro-minería?
-Ahí el argumento es compartido con el de otras provincias, pasa por la expectativa de trabajo en la localidad. Lo que ocurrió en Mendoza fue que esa idea de pensar la minería como una salida para la crisis sufrió un golpe cuando Vale se va del proyecto Potasio Río Colorado, ya que demostró que es una actividad muy relacionada a los cambios en el mercado internacional.
