La discusión se ha transformado en una cuestión ideológica que muchas veces desvirtúa la realidad. Porque se suele poner en el tapete, y con fuertes críticas por parte de ciertos sectores, la existencia de la escuela pública de gestión privada, intentando hacer creer que se trata de un “negocio” rentable y en el que los impulsores anteponen el bien económico por sobre el social, siendo que la propia Ley Nacional de Educación establece taxativamente el verdadero objetivo de la iniciativa.
Lo grave del caso se produce cuando una dirigente sindical, que dice defender los derechos de los trabajadores, confunde llamativamente la norma legal, culpando al sector patronal por la demora en el pago de los salarios, cuando en realidad y, tal como lo dice la ley, es el Estado el que debe abonar en tiempo y forma el pago a los colegios subvencionados, para que éstos los trasladen a los trabajadores.
Tal como lo recordó una lectora de Los Andes, la Ley de Educación Nacional establece, en su artículo 65, que la asignación de aportes financieros por parte del Estado "destinado al pago de salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia".
Esos “criterios objetivos” están marcados esencialmente por el porcentaje del aporte estatal, que termina regulando el valor de la cuota percibida por la escuela. Vale aclarar que existen colegios con cuotas importantes en valor, pero en ese caso específico no reciben ningún tipo de subsidio por parte del Estado.
Debe consignarse también que el aporte sólo está destinado al pago a los docentes que dictan materias curriculares, en razón de que el pago a los maestros de materias extracurriculares corre por cuenta del establecimiento educativo, como Inglés, en algunos colegios, o Catequesis en las escuelas religiosas, por señalar sólo dos ejemplos.
A cargo de las autoridades del colegio también se encuentra el pago al personal de limpieza (celadores) o los arreglos que deben realizarse en el edificio escolar.
Si pusiéramos en una balanza la verdadera relación costo-beneficio, podría señalarse entonces que el Estado termina resultando prácticamente beneficiado, habida cuenta de las partidas que debe destinar cada año para la recuperación o mantenimiento de cada uno de los establecimientos educativos estatales.
Paralelamente, si se determinara que sólo se debe sostener la existencia de la escuela pública de gestión estatal, quedaría en evidencia que los establecimientos existentes no alcanzarían para cubrir la demanda de bancos.
Dentro del marco señalado, no dejaron de llamar la atención las declaraciones que, en su momento, vertió la titular del gremio que nuclea a los docentes de gestión privada, quien señaló que los patrones (así calificó a los directivos de los colegios privados) querían que el conflicto y el malestar se trasladaran al Gobierno “pero en realidad los responsables de que se haya generado este inconveniente son ellos”, destacando entre otros aspectos que treinta por ciento de las escuelas habían pagado con sus propios recursos el sueldo de los maestros hasta recibir el subsidio estatal.
De manera tal, entonces, que cabría preguntarse si para ello esos colegios debieron dejar de lado el pago a los celadores o demorar los arreglos edilicios para iniciar un nuevo ciclo lectivo.
Los hechos llevan a hacer pensar que la situación respecto del pago de salarios se ha normalizado, porque no se ha mantenido el conflicto, pero para el año próximo cabría esperar que nadie se haga el distraído: ni el Estado, en cumplir con la obligación asumida, ni la dirigencia sindical que, conociendo la situación, genera confusión con sus declaraciones.
