No otra cosa ha sido, en primer lugar, la declaración de inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura dictada por la mayoría kirchnerista y que fue redactada para manejar políticamente este Consejo.
Luego de esta declaración de inconstitucionalidad, otro paso institucional fue la reafirmación de la ley original que permitía la pluralidad proporcional en la conformación del Consejo, diferente a la politizada y bastardeada dictada por la ley kirchnerista antes mencionada.
Finalmente, la derrota de la maniobra absurda y malévola de presentar una medida cautelar que impidiese la plena conformación del Consejo de acuerdo a la resolución emitida por la Corte Suprema, maniobra que fue avalada por un juez absolutamente descalificado, tanto por su lejanía insalvable con su jurisdicción como por el asalto perpetrado por este individuo que ensucia la judicatura, contra las medidas dictada por el organismo supremo de la Justicia Nacional.
Era escandalosamente notorio que la ley declarada inconstitucional, era tan solo un artificio para lograr la impunidad de los depredadores del erario nacional aunado a la inutilidad de ese Consejo que en tantos años de ejercicio apenas pudo sancionar a media docena de magistrados infractores. Basta mencionar el caso del Juez Bento, acá en Mendoza, quien a pesar de los gravísimos cargos que se le imputan, sigue campante ejerciendo la judicatura. (“Gracias hermano”).
La demostración de autoridad de la Corte Suprema y de su presidente el doctor Rossatti, abre esperanzas de una verdadera reforma de la Justicia y sobre todo marca un antes y un después en la consolidación de la institucionalidad de nuestra Patria, y una derrota de quienes solo tienen interés en sus profundos problemas personales con la justicia aún a costa de romper el republicanismo que marca la Constitución Nacional.
