Un amigo sufrió, hace unos días, las consecuencias de una notoria inconsistencia de ATM, que probablemente se multiplicará próximamente para otras personas. Es propietario de una vivienda para uso familiar, cuyo contrato vencía originalmente el 31 de mayo.
Como consecuencia de la pandemia, el gobierno nacional, con razonable argumentación, prorrogó todos los contratos de alquiler de vivienda hasta el 30 de setiembre, congelando alquileres.
Ello se basaba en las dificultades para buscar nuevas locaciones y restricciones de las mudanzas.
A mediados de setiembre ambas partes convinieron en renovar el contrato y firmaron, en consecuencia, una “renovación de la locación”, haciéndolo constar de esta manera en el nuevo instrumento. Cuando quisieron sellar el contrato, la mención de renovación determinó que le solicitaran el contrato anterior y al verificar la anterior fecha de vencimiento, le aplicaron intereses y una fuerte multa de un 50% adicional sobre el total, por la supuesta demora en requerir el sellado, esto es, desde el 31 de mayo al 30 de setiembre.
Discutíamos por WhatsApp entre amigos la situación. ¿Cómo debería haber hecho mi amigo? ¿Debería haber firmado, absurdamente, la extensión en mayo sin conocer las implicancias futuras? ¿Si la prórroga fue determinada por el gobierno nacional, es razonable considerar, entonces, que el nuevo contrato se extienda desde la terminación de esa extensión legal y en consecuencia no exista infracción a los plazos de sellado?
Un amigo, que siempre consideramos algo cínico, adujo irónicamente: te pasa por ser ingenuamente honrado: si hubieras firmado, falsamente, como si fuera un contrato nuevo no hubieras pagado ninguna multa.
Pero yo me preguntaba: ¿no se puede ser decente con ATM sin que implique tener que afrontar costos injustos?
