Sólo personas poco razonables pueden alentar a los niños a ser malhablados y utilizar una jerga totalmente extraña a nuestra lengua española como el “idioma inclusivo”, que no es un idioma ni es inclusivo. Sin embargo, esto lo hizo el gobernador y una alta funcionaria del área de educación de la provincia de Buenos Aires.
Al escuchar hablar con ese lenguaje o leer un texto que utiliza esa forma de expresión, creo que a la mayoría nos produce, ante todo, sorpresa, por lo imprevisto; luego indignación, por ver la insolencia de quienes se atreven a alterar el idioma a su antojo; y, por último, fastidio, por la falta de respeto hacia los que escuchan o leen, porque no tenemos ninguna obligación de conocer, ni comprender, esas deformaciones artificiosas y absurdas de las palabras.
No hay duda, en consecuencia, que quienes utilizan y tratan de imponer a la sociedad esas distorsiones grotescas de nuestra lengua actúan con sectarismo, aunque, afortunadamente, son absolutamente minoritarias.
Lo más lamentable, vergonzoso y reprochable ocurre cuando esta desviación la promueven los propios funcionarios del gobierno, como en este caso reciente.