Como jubilada, pedí judicialmente a la ANSES que mis aportes no fuesen derivados a PAMI, sino a mi obra social OSPACA. Motivó mi decisión la necesidad de continuar atendiéndome con los mismos prestadores que había tenido durante toda mi vida activa. Tal petición fue acogida en el año 2020 mediante una resolución judicial. A la fecha, más de dos años desde la orden del juez, la ANSES sigue derivando ilegalmente mis aportes a PAMI y no a mi obra social, violando mi derecho a la salud y la propiedad, y lo más grave, sin dar motivo de su accionar.
Ante ese incumplimiento pedimos una sanción para ANSES y el juez la condenó a pagar la suma de dinero por cada día de incumplimiento. Sin duda, es más rápido y económico para ANSES cumplir la orden judicial y derivar mis aportes a mi obra social que tener que pagar una multa. Piense el lector quién va a pagar esta multa. Por supuesto que nosotros, los contribuyentes.
¿No es increíble la desidia de los funcionarios que tienen que cumplir con su responsabilidad y proteger los fondos públicos?
