Los mendocinos nos jactamos de tener una "cultura del agua". Y puede que sea cierto. Los oasis productivos y habitables en que transformamos al desierto a partir de un sistema de canales y acequias casi único en el mundo, parecen confirmarlo. Gracias a eso, a la centenaria Ley de Aguas y a una política de obras que otras provincias nunca tuvieron, Mendoza puede sobrellevar el desafío que impone el clima.
La masividad que alcanzó la prédica ambientalista contra la megaminería, que derivó en la polémica ley 7.722, es otra muestra. "Agua o cianuro" o "El agua vale más que el oro" fueron los efectivos eslóganes que "convencieron" a una porción mayoritaria de los mendocinos a quienes, en cambio, no los atrajo la prédica pro minera que tentaba con puestos de trabajo y un boom de crecimiento económico.
Pero hay acciones cotidianas que parecen desmentir esa "cultura" o que, al menos, revelan una falta de "conciencia del agua". Lavar la vereda o el auto dejando que fluya de la manguera, robar turnos de riego en las fincas, o no pagar el servicio, son actitudes habituales. Como si no fuera un recurso escaso y estratégico.
Durante muchos años, los gobiernos acompañaron esta tendencia. Las facturas por agua y cloacas eran comparativamente baratas y, además, las obras no alcanzaban para cubrir las necesidades de infraestructura.
Así, cerca de 23% de los mendocinos no tiene cloacas y 11% carece de acceso al agua potable. Un informe del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) revela que la inversión total en infraestructura en el país fue de 2,9% del PBI en la década de los 80, de 5,6% en los 90 y de 2,7% en la primera década de este siglo. La inversión privada en el sector, en tanto, entró en un tobogán: mientras entre 1980 y 1993 era de 5%, entre 1994 y 1997 cayó a 2% y en el período 1998/2013 sólo llegó a 0,7%.
La reestatización de Obras Sanitarias Mendoza (OSM) en 2010 y su transformación en Aysam (Agua y Saneamiento de Mendoza) obligó al sinceramiento tarifario y a abrir el cepo en el que se mantuvo a los concesionarios privados. Un caso concreto ayuda a ilustrar.
Una casa de una zona cotizada de Guaymallén que en enero de 2006 pagaba una boleta bimestral de 37,08 pesos, en enero de 2018 pagó 636,12 pesos.
Es decir, 1.615,5% de aumento en doce años. La absoluta mayoría de ese total se dispuso después de que la empresa fue intervenida en agosto de 2009.
La pregunta es si en el mismo lapso esto se tradujo en obras que mejoren y extiendan el servicio. Y la respuesta parece ser no. El diagnóstico que el titular de Aysam, Richard Battagión, hizo la semana pasada en la audiencia pública que definirá el nuevo cuadro tarifario muestra que sólo la mitad de la red de agua y de cloacas está en buenas condiciones.
El mismo Battagión, a poco de asumir, advirtió que hacen falta unos mil millones de dólares (20 mil millones de pesos) para revertir tantos años de desinversión.
En la audiencia pública presentó un plan que prevé invertir algo más de 7.800 millones de pesos hasta 2022, apenas un tercio de lo que se necesita.
En mayo del año pasado escribí una nota cuyo título era "Esas obras que no se ven". Contaba que en abril de 2016 el Gobierno nacional había presentado un proyecto en el que se planeaba destinar 208 mil millones hasta 2019 a este tipo de obras.
De ese modo, la totalidad de los argentinos tendría agua potable y 75% también cloacas. Por eso, cada vez que un intendente o gobernador golpeaba la puerta del Ministerio de Interior para presentar un proyecto y requerir financiamiento nacional debía contestar una pregunta: "¿Cómo andás de cloacas y agua potable?" Y recibía una instrucción: "Traeme un proyecto para llevar el servicio donde no tenés y después vemos lo que pedís". ¿Qué pasó en Mendoza desde entonces?
El mayor prestador del servicio en la provincia es Aysam, pero también tres municipalidades (Maipú, Luján y Tupungato) y unos 130 pequeños prestadores (en general uniones vecinales y cooperativas) integran el sistema.
De acuerdo con información aportada por Aysam, desde 2016 a la fecha se han incorporado o renovado unos 57 kilómetros de red cloacal con una inversión del orden de los 200 millones de pesos.
Además se han ampliado o reparado al menos cinco plantas potabilizadoras de agua (171,3 millones de pesos) y extendido el servicio en 46,1 kilómetros. Las obras abarcan a diez departamentos de la provincia.
Ahora, la empresa pide un aumento de 77,69% sobre la actual tarifa que, según sus números, llevaría la boleta promedio de 294 a 522 pesos. Pero, si aplicamos el porcentaje al caso de nuestro ejemplo, la boleta del vecino de Guaymallén treparía a más de 1.000 pesos. De ese modo, se intentará cubrir el rojo operativo de casi 366 millones que tendrá la empresa este año. ¿Accederá el Gobierno a esta pretensión?
"Ellos piden 50% y nosotros estamos en el 15,7%. Yo creo que el dirigente gremial tiene que estar en un psiquiátrico porque eso no lo puede pagar el Estado", dijo esta semana el gobernador Alfredo Cornejo cuando explicaba en el programa de Jorge Lanata las tribulaciones de la discusión paritaria con el titular del SU TE, Sebastián Henríquez.
Seguramente a la hora de tomar una decisión sobre la tarifa del agua se pondrán en la balanza aspectos económicos y también políticos. Los bolsillos, sobre todo de la clase media, vienen golpeados por las subas del gas, la luz, los combustibles, las prepagas, las cuotas de colegios y universidades privadas, los alimentos, el transporte, etc.
Es más, según auscultan consultoras de opinión, la inflación volvió a liderar el ranking de preocupaciones de los argentinos desplazando a la inseguridad. Y 2019 es un año electoral.
