Por Néstor Sampirisi - nsampirisi@losandes.com.ar
Cuentan que cuando un intendente, gobernador o funcionario provincial o municipal va al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación a presentar un proyecto, recibe una pregunta y una indicación. No importa si lo que propone es una escuela, un centro de salud, un monumento o un barrio, siempre están la pregunta y la indicación. "¿Cómo estás de cloacas y de agua potable?" es la pregunta que realiza el funcionario nacional. Detrás viene la indicación: "Bueno, dentro de 15 días traeme un proyecto para llevar el servicio donde no tenés y después vemos lo que pedís".
No es una obsesión nueva pero el Gobierno parece determinado a llevarla a la práctica. De acuerdo con el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, 58,4% de los argentinos tenía acceso al servicio de cloacas. Pero claro, con grandes desigualdades. Un informe realizado en 2011 por un equipo de la UBA advierte que mientras 80% de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tiene cloacas, en Chaco, Santiago del Estero, Misiones y San Juan, la cobertura apenas alcanza a 30%.
El objetivo del plan presentado en abril de 2016 por el Gobierno nacional es que el servicio de agua potable llegue a 100% de la población del país y el de cloacas a 75% para lo cual se prevé invertir 208 mil millones de pesos hasta 2019 que financiarán por partes iguales la Nación, las provincias y organismos multilaterales de crédito.
En el caso de Mendoza, además de las zonas no cubiertas, se suma el problema de las plantas depuradoras y de la obsolescencia de las cañerías. El propio titular de Aysam, Richard Battagión, ha admitido que está en óptimo estado apenas 30% de los 4.500 kilómetros de cañerías de la red de agua potable y 45% de los 3.000 km. de cloacas. Sólo en el Gran Mendoza es urgente remplazar 700 km. de tuberías, algunas de las cuales tienen más de 50 años. Justamente este "vicio oculto" fue uno de los aspectos que ocasionó mayores fricciones cuando en los '90 se privatizó Obras Sanitarias.
"Lo que hay que invertir en agua y saneamiento en Mendoza está en el orden de los mil millones de dólares para reparar estos largos años de no inversión", grafica Battagión. Por el momento, se ha comenzado con una suma que en la comparación suena módica: 2.200 millones de pesos, según señaló esta semana Natalio Mema, flamante secretario de Servicios Públicos.
Rivadavia, Guaymallén y Capital son los primeros departamentos en donde existen planes en sintonía con este objetivo. Las comunas, incluso, aportarán recursos para la reparación de roturas y para armonizar las obras de asfaltado de calles con las necesarias conexiones domiciliarias. El objetivo final es que tenga cloacas 96% de la población en todas las ciudades cabecera de departamento.
Aquella pregunta y la consiguiente indicación apunta a un tema que recurrentemente se ha dejado para después, para más adelante. Es que las cañerías siempre van bajo tierra y lo que está bajo tierra no se ve y, se supone, no rinde en términos electorales. Entonces los funcionarios de todos los tiempos han puesto más esmero en cortar cintas de obras "que se vean", que queden como testimonio de su paso por la gestión y los mantengan en carrera para nuevos cargos.
Un reciente relevamiento encargado por el Gobierno nacional a un conjunto de organizaciones sociales reveló la existencia de 4.100 barrios "populares" en los que viven al menos 1.340.272 personas a los cuales se les entregarán, por primera vez, certificados de vivienda familiar (serán unos 400 mil) que les permitirá acceder legalmente a los servicios de agua y electricidad. Mendoza, con 205 villas y asentamientos, ocupa el quinto lugar en el ranking del país detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones. Será a esos lugares donde la gestión de Alfredo Cornejo tendrá el desafío de hacer llegar la urbanización.
El gobierno evaluó como una noticia alentadora estar en el quinto lugar y no en el cuarto, como aparece nuestra provincia en la mayoría de los rankings nacionales. La mala noticia es que, por ejemplo, Córdoba con 170 villas y asentamientos está mejor en esta materia, cuando siempre figura antes que Mendoza. Un síntoma de que la economía cordobesa también está mejor que la mendocina.
El sistema ideado por la Nación para hacer posible el mega plan de infraestructura básica -que involucra también la vivienda- incluye un software con el que la Nación centralizaría un registro de contratistas de obra pública, eliminando los que llevan las administraciones provinciales. De ese modo se podría hacer un seguimiento, caso por caso, de las licitaciones, cotejar las empresas oferentes, las cotizaciones y la adjudicación de las ofertas. El mecanismo ya genera algunas resistencias. Gobernadores peronistas hicieron oír sus quejas a funcionarios nacionales, sobre todo porque casi 30% de las obras se ejecuta mediante un vínculo directo con los intendentes. Los gobernadores se sienten "puenteados".
Cuentan que empresarios de la construcción comentan por lo bajo que con el cambio de gobierno se percibe un cambio de escenario y de reglas de juego. El sistematizado cobro de retornos que iban a la caja de la política, como mínimo habría retrocedido. ¿Será cierto? De momento, funcionarios y ex funcionarios de diversas gestiones nacionales y provinciales aparecen expuestos a que los salpique la pata argentina de los sobornos de Odebrecht, que tiene a Brasil en medio del mayor escándalo de corrupción de su historia y amenaza con arrastrar a la Argentina.
¿Estaremos ante los primeros estertores de la corrupción institucionalizada? Tan difícil saberlo.
