Uno de los aciertos que tuvo la regla monetaria de la convertibilidad fue la de prohibir la indexación de los contratos. Indexar es una forma de trasladar inflación actual hacia el futuro, generando una inercia que nunca permite que la evolución de los precios comience a bajar, aunque desaparezcan las causas objetivas que la generan, como son el exceso del gasto público y el déficit fiscal financiado con deuda o con emisión monetaria.
Una solución parecida se tomó cuando se lanzó el Plan Austral. Como ya era común incluir la previsión inflacionaria en los costos hacia el futuro, se creó la figura del "desagio", con una fórmula que permitía bajar obligaciones a pagar supuestamente "indexadas a futuro".
Toda regla monetaria intenta que no aparezcan costos especulativos vinculados a expectativas inflacionarias, pasadas o futuras.
Después de la eliminación de la convertibilidad se mantuvieron algunos institutos creados por ella, y uno era la prohibición de indexar, que se hizo extensiva a la prohibición de ajustar balances por inflación. Todas estas ideas prosperan y son positivas si los gobiernos aplican seriamente políticas para bajar la inflación. Pero aún si las hacen bien pero las empresas siguen indexando, la resistencia a la baja de la inflación será permanente.
Los gobiernos posconvertiblidad mantuvieron estas disposiciones, aunque, en el último gobierno, se comenzó con los ajustes a las empresas que no eran advertidos por el público porque el gobierno subsidiaba las diferencias y, además, alteraba los índices de precios, de manera que sus efectos pasaban desapercibidos.
El gobierno actual, en su afán por eliminar distorsiones comenzó a eliminar subsidios y sus efectos se sintieron sobre los índices de precios. Las empresas prestadoras pidieron ajustar sus costos por inflación y el gobierno accedió por lo que hoy asistimos a un sistema, medio enloquecido, donde las tarifas reciben todo el peso de la inflación pasada y son la causa de la inflación futura en una carrera frenética que no parece tener fin porque estas actualizaciones pesan sobre toda la economía.
Si bien el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante para eliminar subsidios a fin de bajar el déficit fiscal, ese impacto se retroalimenta indexado en las mismas tarifas que se actualizaron y vuelven a golpear en los bolsillos de los consumidores y de las empresas productivas y de servicios que los tienen como insumos.
El mismo riesgo se corre con las tarifas dolarizadas, donde las empresas tiene beneficios extraordinarios si el dólar sube o generan pérdidas si la divisa baja de valor.
Como la dolarización actualiza valores en pesos, el Estado nada dice porque termina siendo beneficiario por la mayor recaudación impositiva, pero se perjudica por la suba de sus propios costos, especial ente los laborales y los que ajustan jubilaciones.
En el caso del petróleo y el gas la participación de las provincias es muy importante, ya que perciben las regalías normales pero, además, ingresos brutos sobre la conversión a pesos de valores actualizados por dólares y también la coparticipación de impuestos nacionales, sobre todo el IVA, sobre dichos valores.
Todos son socios de las distorsiones que el sistema genera y los verdaderos perjudicados son los ciudadanos en su rol de consumidores.
La eliminación de la indexación, hecha con seriedad, mostrará la convicción de ese gobierno de sostener un sistema sin condiciones objetivas de inflación.
Si no se elimina la indexación se pueden estar creando, en la situación actual, las condiciones ideales para alimentar un proceso que llevaría a una hiperinflación.
La inflación es un flagelo que hay que combatir y cuyas consecuencias hay que aceptar, en la medida que el gobierno sea responsable, pero no se puede compensar a algunos y perjudicar a otros porque, tarde o temprano, los conflictos sociales se habrán generalizado.
