Los diputados kirchneristas sancionaron ayer la ley enviada por la Casa Rosada por la que se establecen trabas legislativas para los futuros gobiernos a la hora de decidir vender las acciones que la Anses tiene en 46 empresas privadas. Sólo el Frente para la Victoria (FpV) y sus habituales aliados acompañaron la iniciativa que ideó el ministro de Economía, Axel Kicillof, y que la semana pasada tuvo la aprobación del Senado. La votación en la Cámara Baja arrojó 127 votos afirmativos contra 84 negativos y cinco abstenciones.
La nueva norma crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), que será el organismo que administrará las acciones que la Anses “heredó” de las AFJP cuando hace siete años el kirchnerismo decidió estatizar el sistema previsional. Con el argumento de proteger a este paquete accionario, que equivale a un 12% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses, la iniciativa K establece que para disponer una eventual venta de los papeles que tiene el Estado en alguna de estas 46 firmas, los próximos gobiernos deberán contar con el aval de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, un requisito que la Constitución nacional sólo exige para promover cambios de la Carta Magna o para la designación de un juez de la Corte Suprema.
“El objetivo de la ley es proteger activos estatales, otorgándole al Parlamento la facultad de decidir su venta”, resumió el diputado oficialista Roberto Feletti. El presidente de la Comisión de Presupuesto destacó que “es un cambio conceptual” ya que “estas participaciones involucran una presencia del Estado muy fuerte en temas como energía, gas, transporte, industria, distribución de comercio y bancos”. Feletti pidió –por esto- que las acciones no sean consideradas como activos financieros sino como activos estratégicos para propiciar la competitividad de la economía argentina.
La oposición descreyó de los argumentos dados por el FpV. El radicalismo, el PRO, la centroizquierda, el massismo y el peronismo disidente sostuvieron que la exigencia de la aprobación de dos tercios de ambas cámaras legislativas lejos de proteger los activos del Estado los pondrá en riesgos. “Ninguno de los fondos de administración, en cualquier lugar del mundo, se maneja no pudiendo vender activos. Si el FGS tiene activos que están afectados por ejemplo por la crisis de Brasil, entonces los jubilados se comerán las consecuencias de esta crisis ya que el Gobierno no podrá deshacerse de esas acciones”, sostuvo Martín Lousteau (ECO). Otro economista, Federico Sturzenegger (PRO), coincidió. “Este proyecto exige a quienes administran la cartera de activos deban avisar que van a vender y eso impactará en el precio de las acciones y perjudicará la gestión”. Desde el peronismo no K, Blanca Rossi (Unión por Córdoba), también sostuvo lo mismo. “Los dos tercios que se exigen significan inmovilizar el paquete accionario y esto es cotizar en baja las acciones, no se puede pedir al Congreso una autorización porque eso es desnaturalizar el mercado de valores, es no conocer cómo funciona”.
La oposición también hizo foco en un segundo aspecto de esta mayoría especial que deberá reunir el Congreso si se desean vender acciones estatales. “Las mayorías agravadas las fija la Constitución. No estamos facultados como Parlamento para establecer esta exigencia”, dijo el radical Miguel Bazze. Para Margarita Stolbizer (GEN), la disposición de dos tercios como requisito no sólo es inconstitucional sino que tendrá “validez jurídica nula” ya que “podrá cambiarse por una ley simple como la que estamos votando, de modo que el Gobierno sabe que esa aparente protección de dos tercios es pura espuma”.
El otro gran flanco que atacaron los opositores es la creación del organismo que manejará el paquete accionario estatal, la Anpee. Los directores de esta agencia los nombrará el actual gobierno antes de dejar el poder y tendrán cuatro años de mandato. Y si bien una comisión bicameral que se crea podrá removerlos, ésta también necesitará dos tercios de los votos para proceder en ese sentido, lo que les garantiza una casi segura estabilidad en la próxima administración, aunque sea de otro color político. “Esto es una agencia de empleo para dejar funcionarios estables por cuatro años”, denunció el radical Oscar Aguad.
La izquierda (el FIT y Unidad Popular) se abstuvo y pidió que la discusión pase por buscar la manera de garantizar el 82% móvil a los jubilados y no por la asociación del Estado con el sector privado.
