El Senado convirtió anoche en ley el megaproyecto por el cual se busca saldar deudas con un sector de los jubilados por diferencias en la liquidación de haberes y, a la vez, habilitar un nuevo blanqueo de capitales no declarados.
Por amplia mayoría, 56 a 11, la llamada ley ómnibus tuvo aprobación. Los votos en contra de la iniciativa oficial provinieron de las bancas del kirchnerismo.
Una vez más, muchos votos del justicialismo se inspiraron en el apoyo a la ley que dieron los gobernadores de ese color político, que respaldaron la normativa porque incluye un acuerdo con el Gobierno Nacional para la devolución del 15 por ciento de la coparticipación federal (que hasta ahora retiene la Nación para financiar a la Anses).
El referido acuerdo también contempla un mecanismo de pago, por parte del Estado nacional, de la deuda que mantiene con 13 Estados provinciales que no han transferido las cajas previsionales a la Anses en la década del '90, así como la apertura de una moratoria para las otras 11 provincias que sí transfirieron sus cajas y que tienen una deuda con la Nación en concepto de aportes patronales.
La ley sancionada tuvo el apoyo del peronismo de San Luis, Córdoba y Chubut, mientras que las objeciones se vieron planteadas en el recinto por el sector kirchnerista del mayoritario bloque opositor, como la mendocina camporista Anabel Fernández Sagasti y otras legisladoras.
