Algunas situaciones conflictivas son paradigmáticas, y es que la política económica del Gobierno consiste en la mayoría de los casos en caprichos, prejuicios ideológicos anacrónicos y negocios del poder y sus amigos.
Por ejemplo, el caso de YPF tiene todos estos condimentos. Mientras estuvo administrada por Repsol el representante del Gobierno convalidó todas las decisiones, aprobando los documentos pertinentes en las Asambleas de accionistas. Luego Néstor Kirchner exigió la venta de una parte de las acciones al Grupo Petersen (familia Eskenazi), bajo la obligación absurda de que los alrededor de 3 mil millones de dólares que costaba el “negocio” se pagarían con la distribución de dividendos de la empresa.
Es decir que Eskenazi compraba sin poner un peso y además de inmediato se le transfería la administración de la empresa. La consecuencia fue de manual: YPF “argentinizada” dejó de invertir y disminuyó su producción y exploración. Después, mucho antes que el grupo “comprador” terminara de pagar, el Gobierno -en otra decisión arbitraria- expropió el 51% de las acciones de la empresa, sin pagar nada, con el aplauso y apoyo de la mayoría de los partidos; y tomó posesión de la misma usando la fuerza de la Gendarmería Nacional.
En enero de este año, antes de la primera versión de estatización, la acción de YPF se cotizaba en Nueva York a algo más de 41 dólares y el valor de mercado de la empresa superaba los 16.000 millones de dólares. Hoy, el valor de la empresa no alcanza los 4.000 millones y debe algo más del doble de esa cifra.
No faltaron funcionarios presentando esta brutal caída del valor de YPF como una “genialidad” para pagar poco o nada por ella. ¿Cuáles son las consecuencias de estas torpezas?: que el ingeniero Galuccio, CEO de la empresa, ha recorrido el mundo en búsqueda del dinero que necesita para invertir y hasta ahora ha vuelto con las mano vacías, aunque, como ya es usual, la plata la termina poniendo la Anses y el Banco de la Nación.
Por otro lado, el aumento del riesgo país (el diferencial que se debe pagar para conseguir dinero porque los que prestan no saben si van a cobrar) hace caer el precio de los bonos emitidos por el Tesoro Nacional.
Como buena parte de esos bonos están en el mentado Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (el 60% de dicho Fondo son títulos públicos), para “asegurar” las jubilaciones futuras, en las últimas semanas ese Fondo ha perdido 1.900 millones de pesos.
Una situación similar ocurre con las empresas y personas que son poseedoras de títulos del Tesoro Nacional, muchas veces casi obligadas a adquirirlos, como los bancos y compañías de seguros. La caída del valor de esas tenencias disminuye el activo de las empresas.
Es lo mismo que le ocurre a una bodega si cae el precio del vino que tiene en sus vasijas. También han sufrido una fuerte caída del valor patrimonial las empresas que cotizan en la Bolsa, en promedio algo más del 20% desde principios de año.
Todo esto puede parecer que afecta a unos pocos, pero no es así, ya que afecta a toda la economía. Empresas que cada día valen menos, tienen menos créditos y menos posibilidad de inversión; el riesgo país aleja las inversiones extranjeras, resultando todo eso en menos fuentes de trabajo y más pobreza.
