Una forma de mejorar el hábitat en la provincia con beneficios para el conjunto de la población que vive en condiciones muy deficitarias es ir desterrando del suelo mendocino los casi 250 asentamientos que se distribuyen en el territorio.
Esos “barrios populares” son lugares de muy baja calidad en materia de habitabilidad, donde residen de manera muy precaria unas 50.000 personas, buen número de ellas, niños en edad escolar. Todos, mayores y menores, carecen de los servicios de urbanización, especialmente agua, energía eléctrica y cloacas.
El punto de partida en la intención de revertir la condición oprobiosa en que residen muchos comprovincianos arrancó a partir de la sanción de la Ley (nacional) 27.453 (octubre de 2018), norma que tiene como primer cometido la regularización dominial de los asentamientos en favor de sus ocupantes, para con posterioridad introducir mejoras en la infraestructura y dotar a esos espacios de los servicios imprescindibles.
El trabajo conjunto del Estado nacional, la sociedad civil y las organizaciones sociales permitió establecer un régimen de integración social y urbana que beneficiará a 4 millones de personas que hoy viven en 4.416 “barrios populares” en todo el país.
El relevamiento se hizo primero por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Luego se incorporó al texto de la ley que aprobó el Congreso, a la cual deben adherir las provincias para participar de financiamiento que requiera la integración social y urbana de los barrios populares.
En el territorio mendocino, el cuadro de situación lo determinó el programa denominado Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap), que contabilizó 247 asentamientos, integrantes de los 4.416 conglomerados habitacionales de este tipo que se han relevado en el país.
Son lugares de muy baja calidad, donde al menos están establecidas ocho familias y donde un elevado número de pobladores no cuenta con títulos de propiedad del suelo ni acceso regular a prestaciones básicas, como red de agua potable, de cloacas o energía eléctrica con medidor domiciliario.
Uno de esos asentamientos es el Castro, en el departamento de Guaymallén, donde muchos moradores están envueltos en un conflicto sobre la titularidad de las tierras, lo que les dificulta aplicar mejoras a sus precarios hogares, por el temor de hacer inversiones que luego pueden perder por eventuales desalojos.
Luján de Cuyo es el departamento que tiene mayor cantidad de asentamientos, 47, aunque en un futuro mediato puede bajar ese número porque posee ocho barrios precarios, cinco de ellos en el Bajo Luján, a orillas del río Mendoza, que serán relocalizados en viviendas dignas en Perdriel y Ugarteche. Los dos departamentos que siguen en esta estadística de “barrios populares” son Las Heras, con 34, y Guaymallén, con 32.
Más allá de las diferentes metodologías aplicadas por el Renabap y las instancias mendocinas, es admisible como cierta la carencias de servicios básicos que sufren entre 50 a 60 mil familias que habitan en estas condiciones (entre 16.000 a 17.000 familias).
Algunas autoridades provinciales señalaron que no fueron consultadas cuando Renabap relevó villas y asentamientos. No obstante, la ley de octubre 2018 que sujeta a expropiación los terrenos incluidos en ese registro, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional, votación que, sin duda, contó con el apoyo de los legisladores que representan a Mendoza.
La provincia aún no adhiere a esta ley nacional y tampoco se sabe bien cuáles son las fuentes de financiamiento de este emprendimiento para erradicar las villas.
Una vez avanzada la adhesión de la Provincia a la normativa, sería de suma prioridad facilitar la escrituración de terrenos a los hogares ocupantes para comenzar la instalación del agua potable y luz y su conexión a cada lote. La mejora o ampliación de las viviendas queda a cargo del esfuerzo propio o mutuo de las familias residentes.
Estos son, a grandes rasgos, los lineamientos de los programas de “lotes con servicios”, de bajo costo y gran inclusión social, si se comparan con la tradicional entrega oficial de viviendas “llave en mano”, acciones para estratos sociales con capacidad de reembolso real de los costos adeudados.
