El paisaje mendocino, desértico por naturaleza, verde por trabajo, esfuerzo y decisión, puede dejar de ser lo que es, y transformarse en un par de ciudades hiperpobladas con cinturones de pobreza, y zonas rurales muy reducidas en tamaño. Por ejemplo: la superficie implantada de vid en Mendoza, en 1990 era de 210.371 has, la que más o menos se mantiene similar en la actualidad, ya que según los registros de 2015 existen 224.707. Pero de 36.402 viñedos existentes, pasamos en 2015 a tener 25.049. Es decir: la misma cantidad de hectáreas en manos de menos personas.
¿Qué pasó con esos más de 10.000 viñedos que desaparecieron? Esto sin detenernos en las bodegas menos que hay en funcionamiento, año tras año, en Mendoza y San Juan. Otro tanto sucede con las ganancias expresadas en balances de las grandes empresas, en contraposición al análisis de la situación de más del 60% de los productores que, debido a la merma del 50% en su producción, el aumento de precios no alcanzó a cubrir sus costos. Alrededor de $ 54.000 por hectárea es el ingreso bruto de un productor, vendiendo muy bien su uva tinta, en contraposición a los más de $ 60.000 de costos de producción, (datos fácilmente comprobables en la bolsa de comercio, y los análisis de costos que figuran en varias reparticiones públicas, teniendo en cuenta la merma en la producción).
Esto demuestra que la poca oferta no corrige la falta de rentabilidad por el aumento del precio. Todos los números muestran la misma situación: crecimiento de un sector muy reducido, en detrimento de otro.
El mercado por sí solo, en ningún lugar del mundo, corrige estos desajustes. Se sabe que el Estado trata de intervenir para corregir la desigualdad, porque ésta trae al conjunto de la sociedad más problemas que soluciones.
Hay intervenciones específicas muy resistidas por un sector empresarial, pero hay que verlos después cómo estos mismos grupos que se resisten a que el Estado defina una política, luego reclaman a los funcionarios públicos subsidios, préstamos muy beneficiosos y ventajas impositivas.
Estamos entonces ante un escenario complicado.
Es extremadamente difícil la situación por la que atraviesa el sector productivo de la provincia de Mendoza. Porque no sólo debemos soportar la falta de rentabilidad de nuestros cultivos, sino también la imposición de argumentos que vinculan esta realidad con nuestra propia responsabilidad, tales como “hay que ser eficientes, hay que reconvertir, el problema son las zonas que no alcanzan rentabilidad” (refiriéndose probablemente al Este y a San Juan, quienes por otra parte constituyen el 80% de la producción vitivinícola del país) y otra cantidad de arremetidas de quienes tienen el “micrófono” y pretenden instalar una situación que no es la realidad que se vive: se pierden fuentes de trabajo todos los días en nuestros viñedos. Sin rentabilidad, es decir, sin que se pague al productor lo suficiente para que trabaje su tierra; ¿cómo se puede ser eficiente?
Por otro lado, nos indican que debemos reconvertir a variedades tintas, mientras hay informes donde se analiza la rentabilidad del productor que hizo la reconversión en estos últimos años, que indican que quienes la hicieron tuvieron menos rentabilidad que quienes no la realizaron.
¿Se está abordando esta problemática en las mesas vitivinícolas? ¿Está en la agenda del Gobierno provincial alguna política pública destinada a revertir esta situación? ¿Son verdaderamente escuchados los reclamos del sector productivo?
Ha sido imposible para nosotros, hasta ahora, tratar el tema central de esta problemática, como se lo han instalado en otras partes del país. Esto es evaluar la cadena comercial del vino. Dicho de otra forma: ¿por qué aumenta en la góndola tanto el producto y no se condice con lo que se le paga al productor? Hay que recordar que es muy importante el mercado interno argentino. Allí se definen los valores a pagar a los productores, ya que constituye el 75 al 80% del total de las ventas y el sector productivo viene perdiendo participación en el valor final del producto.
Todavía esto no es tema central de la Mesa Vitivinícola, y las reuniones se refieren al “desacuerdo” Mendoza-San Juan, con todos los intereses creados que existen allí, como para implicar que estemos tratando una política de intervención de diversificación, por sobrestocks vínicos, cuando no sobra ahora un litro de vino ni sobrará por un buen tiempo.
Creen que es más importante tratar la ley de edulcoración, que es bienvenida, pero es dudoso su beneficio para los productores porque nos piden que reconvirtamos a uvas tintas, de las que no se hará mosto, o que reconvirtamos a variedades más productivas, que traerán como consecuencia, reducir la cantidad de hectáreas para producirlas, para no caer en el círculo vicioso de la superproducción y sobrestock.
Mientras tanto, no hay fondos suficientes para la lucha contra la Lobesia, los que debe gestionar el gobierno, no las entidades, ya que estamos con problemas sanitarios ocasionados por la falta del control necesario.
Debemos soportar los aumentos constantes, incluyendo tarifas eléctricas, cánones diversos, intereses altos si queremos sacar un préstamo para poder mejorar los viñedos, entre otras tantas falencias de la política pública de los sucesivos gobiernos. Hay grandes moratorias y blanqueos, pero no alcanza a quien debe un aporte por corresponsabilidad gremial.
Creo que, después de esta enumeración, tal vez a más de uno le haya pasado como a mí. Me pregunto: ¿Es esto una falta de política pública vitivinícola o es la política pública definida? ¿Será que ya no estamos en el foco de interés del Gobierno? Será que tercerizando la política vitivinícola en manos de los grandes empresarios, se orientará a la industria más a otro tipo de perfil, esto es con grandes empresas y gran concentración de la tierra. Quiero pensar que no será así.
Quiero pensar que falta poco para que hablemos definitivamente de los verdaderos problemas, empezando por la falta de rentabilidad y sus causas. Del tremendo problema que tenemos en la cadena comercial, de la concentración económica y abuso de posición dominante.
Por nuestra parte, seguiremos intentando ser escuchados y que nuestra realidad sea incluida en las políticas públicas. Una vez alcanzada la rentabilidad, podremos encarar todos los procesos de cambio necesarios, que requieren constante adecuación, pero que son imposibles de llevar a cabo en la situación que atravesamos.
Que el sector productivo de Mendoza esté quebrado, significa que la pobreza irá aumentando, con todo lo que esto trae aparejado. Ninguno de los temas que se imponen para su tratamiento, hasta ahora, nos van a ayudar a salir de esta situación.
