El reclamo de tierras de los pueblos originarios, inicialmente admitido muy generosamente por la Constitución de 1994, previsiblemente derivaría en violencia agitadora. Los extremismos olfatean con fruición golosa toda bandera proclive a revueltas. Adjudicándose el derecho absoluto a la protesta pública vulneran impunemente otros derechos. El primer beneficio del revoltoso, cuestionando el monopolio de la fuerza del Estado, es etiquetar de dictadura al gobierno. Así es "víctima de represión". Ladino procedimiento clamorosamente parecido a la sedición contra el gobierno constitucional de Perón hace cuarenta y tres años; ahí dejaron de ser juventud maravillosa. Formaciones justicieras, como RAM, que criminalizaban la riqueza mientras codiciaban el poder delictivamente, en épocas mucho menos injustas, con ocho por ciento de pobreza y cuatro de desempleo.
Aquellos que se suman a este caro método hacen el juego a objetivos más arduos que los estrictamente indigenistas. No los apoyarían, si supieran sus últimas consecuencias: propaganda estatal, autoritarismo, manipulación de los jueces. Oportunamente Lenin y Stalin fomentaban esos compinches denominándolos "idiotas útiles". Después Gramsci desarrolló su método, suplantando el "pensamiento hegemónico capitalista" mediante vanguardias revolucionarias, para captar la tozuda clase media, tan remisa a la revolución.
Aunque parezca otra historia, es pura repetición. Trucos viejos con señuelos nuevos, disfrazados de auxilio a seres vulnerables.
La etnia mapuche es una de las protegidas por la Constitución, y clama diferenciarse del intratable y tenebroso RAM. Pero, como ser noticia sirve de propaganda, RAM, violento, habla por los pueblos originarios. Mientras, estos, casi no se oyen. Incluidos aquellos descendientes de aborígenes integrados a la sociedad argentina que, por pensar, sentir y actuar como el resto de la sociedad, ni habían pensado en segregarse.
Esa "promesa" del artículo 75, de la Constitución de 1994, es inconstitucional. Contradice el ADN de la Carta Magna, la declaración de derechos y garantías de los arts. 16 y 17 de la misma. La paradoja (inconstitucionalidad de una norma constitucional) es aparente. De rápida dilucidación: hasta los pactos internacionales son válidos si -y sólo si- no contradicen derechos y garantías del primer capítulo de la Constitución. El Art. 16 implanta:"
La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento...". E instituye la igualdad ante la ley de todos sus habitantes. ¿Habrá privilegio de sangre y de nacimiento mayor que adquirir dominios por mérito genético? Además, por el Art. 17, la propiedad es inviolable, excepto declaración de utilidad pública (de todos no de una parte, una etnia). La propiedad comunitaria es su antípoda, la contracara. Por incongruente, también inconstitucional. Doble inconstitucionalidad.
Resumiendo, el reclamo violento se esperanza arteramente de consentir adrede una víctima de las filas propias. Es una conducta antijurídica, un truco rastrero y una perversión ética. Encima, para conquistar territorio. Toda una simplificación muy persuasiva pero que cultiva el encogimiento intelectual de sus acólitos.
Lo paradójico es que la difusión mercantilista de la noticia pone al capitalismo noticiero como difusor de creencias antagónicas. ¡Viva Gramsci!
Por lo demás, algunos descendientes, con menos intención política que ambición material, (ir al link: www.lanación. com.ar/209742-el-conflicto-mapuche-tomas-y-reclamos-sin-fin), luego del reconocimiento de 63 hectáreas en 2013, exigen 11.000, en Añelo, Neuquén. Traspapelada la cultura mapuche suya (en el caso, su padre Pedro Campo, migrado de Chile en 1928, no le enseñó la lengua mapudungun, dejándole sin cultura ancestral), está estudiándola para "recuperar su identidad ancestral perdida". Desea para la comunidad tierras de pastoreo. Y sonriente expresa que, como están en la zona gasífera, las petroleras le deberán un canon por explotar sus dominios. ¡Nuevo costo asedia competitividad argentina!
Deudores morosos quedamos. Obligados desde los primitivos fondos de la prehistoria a volver la hoja del Bicentenario de la Independencia. Y a cumplir el derecho de restablecer prerrogativas derogadas por la revolución francesa. Por una descuidada redacción constituyente que, primero deslizó el concepto de "propiedad comunitaria" para las tradicionalmente ocupadas. Y después, ensanchó los reclamos étnicos a "otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano".
Casi toda nuestra vida, el país parecía dotado de la ventaja comparativa de no tener problemas de raza ni de religión. La clase media fue mayoritaria y habíamos amalgamado la inmigración (casi todos los presidentes desde el siglo veinte, incluido el actual, fueron hijos de inmigrantes). Pero... hace menos de veinte años supimos que ¡Somos pobres! De los primeros diez del concierto mundial por el producto bruto interno por habitante, habíamos pasado a la cola. Y empezamos a notar que teníamos varios problemas. Y... de golpe, espontáneamente brota en el panorama argentino una cuestión inopinada: "habemus populus novis". Unos habitantes originarios de Argentina, reivindicando sus diferencias y cultura propia, exigen tierras y educación bilingüe. Compadecíamos a los Balcanes y nos sorprendió una balcanización étnica aborigen.
Raro fenómeno agujerear el territorio soberano por mandato constitucional ya que difícilmente podrán unir áreas mapuches con mocovíes, huarpes, comechingones, tobas, tehuelches, coyas, diaguitas y otros. Ni unificar culturas con tantas lenguas diferentes.
Sarmiento debió importar maestras, porque no había. El obligado olvido de tantas lenguas, por carencia de adaptación alfabética, hará difícil conseguir estas maestras; ahora bilingües.
Desvarío laborioso y empobrecedor.
