Siempre es complejo definir quién tiene que pagar más impuestos, especialmente en una sociedad en la que comienza a debatirse una reforma impositiva.
Dejando de lado las actividades económicas, y cuando nos enfocamos en los impuestos provinciales patrimoniales, todos los años esperamos saber cuál será el incremento que deberemos afrontar en Inmobiliario y Automotor.
Este año, haber decidido que las propiedades con un valor de mercado superior a los 8 millones sean las que más aumento tendrán, sin dudas es un criterio que tiende a la equidad tributaria.
Es claro que esta característica constituye un aspecto social esencial del sistema tributario. Así es como la distribución de la carga tributaria debe ser equitativa entre las distintas clases sociales, teniendo siempre en cuenta la capacidad de pago.
Aclarado el concepto, queda en evidencia que no es justo que todas las propiedades, más allá de su tamaño y mejoras (dos indicadores claves del avalúo fiscal), reciban un incremento similar.
Son varias las medidas que el Gobierno viene tomando para bajar la presión impositiva, tanto para sectores económicos como para las personas.
Se avanzó el año pasado con la disminución de alícuotas de Ingresos Brutos en más de 100 actividades y este año se beneficiará a 100 más. Otra medida también fue la baja de impuestos en las cuotas de los planes de compra de viviendas.
Más allá de estos beneficios, el verdadero desafío del Gobierno es la eficiencia del gasto.
