El gobierno provincial busca una alternativa en lo privado para hacer “más eficiente” la Empresa de Trolebuses Mendoza (EPTM). Así lo informaron autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos y de la propia empresa.
Según Marinelli, titular de Servicios Públicos, el Ejecutivo evalúa algún tipo de gerenciamiento privado. El proyecto “le será enviado al gobernador, Alfredo Cornejo, para que lo analice”, dijo el secretario a diversos medios.
El motivo es que las condiciones de los troles, y los requerimientos para mantenerlos, no están al alcance de la actual conducción estatal.
Con el convencimiento de que "el Estado no puede comprar unidades" nuevas, ni afrontar la inversión para mejorarlas, es que Marinelli hizo este planteo.
Esto fue corroborado por el titular de la EPTM, Leopoldo Cairone, quien señaló que la idea de dejar la actual figura estatal de la organización, “se viene charlando hace tiempo”. E incluso dijo que “ya se le explicó a los trabajadores”.
Para los empleados la noticia no es buena. De hecho, ayer, en una jornada de protesta, con distintas asambleas, los dichos mediáticos de Marinelli provocaron fuerte reacción. “El personal entiende que peligra su fuente de trabajo”, indicó Jorge Chávez, de ATE.
En realidad, la situación de los empleados es uno de los factores que lleva al Gobierno a tomar esta decisión. “Tenemos 487 empleados, con más de 100 choferes y sin embargo, falta gente para manejar los troles”, indicó el funcionario. Según su visión, el cambio servirá “para agilizar y hacer más eficiente” a la empresa.
En ese sentido, si bien no está definido aún, lo que se pretende es crear una sociedad del Estado o una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (Sapem).
Son dos figuras distintas. La primera se rige por la ley 20.705, no tiene aportes privados, aunque está sujeta a las normas que rigen a las sociedades anónimas; no requiere autorización estatal para comprar ni debe informar al Tribunal de Cuentas. Además -algo que en la EPTM encajaría- puede entregar a privados tramos de sus recorridos, alternativa que parece tentar al Gobierno.
La segunda se rige por la ley de sociedades comerciales (19.550), implica una buena parte de aportes privados (un 51% es estatal) y se rige por el Derecho Privado.
Cualquiera sea la opción elegida, el Gobierno jura que “no peligra la estabilidad laboral de los empleados”.
Aunque está claro que eso no garantiza la continuidad en esa reparticipación. “Podrían ir a otras reparticiones”, confirmó Cairone.
