En su búsqueda de consensos para crear la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), en remplazo de la actual EPTM (Empresa Provincial de Transporte Mendoza), el gobierno de Alfredo Cornejo ha logrado que al menos un gremio vinculado lateralmente a la temática vea con buenos ojos el proyecto.
Se trata del poderoso Sipemom (Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza). Su secretario general, el ex titular de la CGT local Rodolfo Calcagni, se mostró abierto a la posibilidad de que la nueva sociedad, con 100% de acciones del Estado, remplace a la EPTM.
Desde el punto de vista del veterano sindicalista, que aseguró haber “analizado el proyecto”, el nuevo formato puede servir para asegurar a los trabajadores el cobro de sueldos y algunos beneficios que hoy no tienen.
“Lamentablemente, como está la EPTM hoy, corre riesgo el cobro de sueldos a corto plazo. No queremos que llegue fin de año y los trabajadores no puedan cobrar”, dijo.
Según el gremialista, su apuesta es “que la gente siga trabajando y no que se quede en la calle”. Consideró que, “hoy como está, la EPTM no puede seguir”.
Así, Calcagni se despegó de la actitud que están teniendo no sólo los trabajadores de la EPTM (agrupados en otros gremios como ATE, UPCN y UTA), sino también de la propia CGT unificada -de reciente conformación- que llevó a la Legislatura su posición contraria al proyecto del Ejecutivo.
Juntos llevaron su reclamo a la Legislatura -donde se discute el proyecto- y encontraron eco en el justicialismo opositor, que el martes frenó el tratamiento del proyecto -más allá de que el oficialismo tendría votos suficientes para aprobarlo- postergando la definición para la semana que viene.
Tanto esos gremios como el PJ plantean la negativa a la nueva empresa por considerarla “una privatización encubierta”. Pero, sobre todo, dudan del futuro laboral de los empleados.
El oficialismo, en tanto, ha dicho que “nadie perderá su trabajo ni cobrará menos de lo que cobra hasta ahora”. Aunque aclara que de los 480 empleados actuales, sólo 180 quedarán en la nueva sociedad, que se regirá por la Ley 20.744, de Contrato de Trabajo, es decir en un régimen distinto al que rige para los empleados estatales.
Para el resto, el Gobierno propone adscripciones en otros ámbitos de la esfera pública, o, si así lo desean, una especie de retiro voluntario con doble indemnización. De hecho, desde Autam, que agrupa a los dueños de micros, ya han dicho que están dispuestos a contratar personal.
Calcagni tiene las mismas dudas que los que se oponen al proyecto. “Hemos pedido que se mantengan las fuentes de trabajo, que se mantenga la ley laboral vigente y que se garantice el cobro de todas las obligaciones que mantiene la empresa”, dijo.
Además quiere “que se mantenga la antigüedad de los empleados, el salario que vienen cobrando y que se vea qué convenio colectivo tendrá la nueva sociedad”.
Pero desde su perspectiva, la “estabilidad” que alegan los otros gremios, que logran con lo público, también se da en lo privado. “Ellos dicen que el Estado da estabilidad laboral y los privados no. Nosotros vemos que si el trabajador se dedica a trabajar, no tiene problemas.
La estabilidad se la da él mismo, cumpliendo con sus obligaciones”, lanzó, en llamativa coincidencia con el habitual discurso del Gobierno en este tema.
En ese sentido, Calcagni hizo gala de los acuerdos que Sipemom ha logrado con las empresas donde sus afiliados trabajan.
“Otro beneficio es la edad de jubilación. Nos jubilamos a los 55 años y los estatales deben esperar a los 65”, indicó. “Con nuestro CCT, un chofer que se jubiló en abril, hoy cobra como mínimo $ 17 mil pesos, casi lo mismo que cobra un chofer en actividad. Y sin el 82% móvil”, aseguró.
