Menos de 5 horas y una docena de exposiciones sucesivas de distribuidoras, asociaciones de usuarios, funcionarios y gremialistas alcanzaron para redondear una idea al cabo de la audiencia pública convocada por el EPRE: que desde fin de año regirán nuevos cuadros tarifarios con incrementos del orden del 90%. Pese a cuestionamientos de usuarios, las empresas defendieron los números refrendados en los estudios de costos elaborados por el EPRE, y con igual énfasis pidieron una readecuación cada 6 meses y que se efectivice un pago retroactivo de $ 2.400 millones por el desfasaje tarifario.
En dos semanas, el Ejecutivo tendrá el informe de la audiencia que, pese a no ser vinculante, era la llave para abrir la puerta hacia el decreto reglamentario. A partir de los números para avalar un ajuste de VAD (Valor Agregado de Distribución) del 190% hasta 2018, una proporción que impactará en un 90% en las facturas a usuarios, aunque será el gobernador quien decida cómo y en cuánto tiempo. Puede definirlo el actual, Francisco Pérez, o su sucesor, Alfredo Cornejo, siempre antes del 31 de diciembre.
Para el director de Energía de la Provincia, Pablo Portusso, “es una instancia en la que se formalizan posturas. Resta conformar cuadros tarifarios”. No obstante, habrá que recalcular, una vez que lleguen de la Nación más fondos para mantener tarifas congeladas hasta diciembre.
Los casi 200 asistentes escucharon alegatos de todo tipo, hasta de tinte religioso. “Apelo a la sabiduría del Papa Francisco sobre la necesidad de tener servicios públicos con tarifas justas. ¿Sabían que en los últimos cincuenta años ha estado totalmente desfasada? A pesar de eso, Edemsa ha venido invirtiendo por encima de sus posibilidades y con un plan de mantenimiento preventivo, pero sin tarifa es muy difícil sostenerlo”, les espetó Marta Molinario, gerente técnica de Edemsa, que se apoyo en 2 estudios privados.
Ya habían desfilado, en la misma línea, sus pares de Edeste, de la Federación de Cooperativas y Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz. Precisamente, su gerente, Julio Gallego, tras describir el nivel de endeudamiento de su compañía con Cammesa por compra de energía y el Fondo Provincial Compensador de Tarifas, fue más enfático al pedir nuevos valores.
Según Gallego, el impacto en las facturas, “estimado en $ 44, son dos atados de cigarrillos, de lo que descontados impuestos y costo de abastecimiento queda 50%”.
Desde el sindicato de Luz y Fuerza su titular, Alberto Rodríguez, defendió los nuevos cuadros para solventar las paritarias salariales y evitar que los trabajadores se expongan a la desinversión del servicio.
¿Cosa juzgada?
Si bien hubo cruces sobre su impacto en el bolsillo, los representantes de los usuarios remarcaron la necesidad de que se aplique gradualmente. Pese a todo, la audiencia transcurrió con la sensación de "cosa juzgada", esto es, de que el aumento es irreversible.
"Se necesita gradualidad al aplicar el aumento, en vista de la fragilidad económica de los usuarios. Además, se amesetó la estacionalidad de la demanda", señaló Marta Rizzo, ex titular de Prodelco y responsable de Defensa del Consumidor de Luján, con estadísticas del mayor uso de acondicionadores de aire como ejemplo.
Por su parte, fuera del auditorio, tanto el titular del EPRE, Elián Japaz, como el propio Portusso, consideraron lógica la posibilidad de un esquema por tramos y diferencial por categorías, pero la última palabra la tiene el Ejecutivo.
A su turno, el apoderado de la ONG Protectora, José Ramón, cuestionó el carácter no vinculante de la audiencia, calificándola de “farsa” que permitirá “meter la mano en el bolsillo al usuario con 100% de aumento”, antes de reclamar que la decisión final del Ejecutivo sea “transparente y ética”. Además, evaluó la decisión como “legal, pero ilegítima”, y que los $ 44 en facturas será para “la franja más baja” de usuarios, y un “pencazo para el resto”.
El orden del día incluía determinar un mecanismo de monitoreo de costos “intra período”, para actualizar tarifas una vez al año hasta 2018 por efecto de la inflación. Pero no sólo un plazo más corto (6 meses) desnudó diferencias entre empresas y el Epre, sino también el porcentaje: mientras el Ente aseguró un tope de 7,5%, los privados insisten en atarlo a la variación de costos. “Una readecuación anual es con una inflación de un dígito. Acá se necesita que sea semestral”, consignó Gallego, quien también se aferró al pago de más de $ 2.200 millones por ingresos no percibidos desde 2013, y propuso que “los pague la demanda”. Tal como se planteó, la “readecuación periódica” incluye cargos por servicio e Impuesto a las Ganancias, uno de los componentes del VAD junto al costo de capital y el de explotación.
