Corren nuevos tiempos en las políticas de fomento productivo. Los shocks competitivos basados en temporales mejoras del tipo de cambio real, la protección externa mediante restricciones a las importaciones, o los planes estratégicos sectoriales con múltiples actividades, ya no son una alternativa para promover el crecimiento.
Una trayectoria macro más estable, sostenible y previsible es una condición necesaria pero no suficiente para dinamizar ciertos sectores productivos. El Gobierno nacional lo sabe, y este año comenzó a hacer sintonía fina con la firma de "acuerdos productivos sectoriales". Con estas herramientas, el Gobierno pretende sustituir viejas prácticas y mejorar los niveles de crecimiento, competitividad y rentabilidad a través de medidas focalizadas para cada actividad productiva.
En países como México, Colombia, Chile, España y Australia ya se han aplicado este tipo de acuerdos y, en general, han tenido éxito si están bien diseñados. Hasta el momento el Gobierno nacional firmó ocho acuerdos estratégicos. El primero de ellos fue con el sector petrolero, para la producción de combustibles no convencionales en Vaca Muerta; y siguieron los sectores automotriz; textil, indumentaria y calzado; construcción; fabricación de motos; ciertos productos agropecuarios y recientemente biotecnología.
Estas industrias explican cerca del 10,6% del Producto Bruto Interno y 11% del empleo privado registrado. De esta forma se logró generar mesas de diálogo en las cuales se plantearon propuestas específicas para cada uno de los sectores. ¿Por qué algunos sectores lograron tener beneficios exclusivos y otros aún no? ¿Cómo promoverlos en actividades relevantes para Mendoza?
Una trayectoria macro más estable, sostenible y previsible es una condición necesaria pero no suficiente para dinamizar ciertos sectores productivos.
Tres lecciones que dejan los acuerdos firmados.
1. Prima un enfoque de mayor focalización en el estímulo productivo. Las políticas de fomento comienzan a diseñarse en función de necesidades sectoriales muy concretas, y existe un campo fértil para discutir y proponer estrategias de crecimiento que surjan desde los mismos actores del sector productivo. Se busca visiones, compromisos y aportes compartidos entre todos los actores involucrados en el desarrollo sectorial: empresarios, sindicatos (trabajadores), y gobierno nacional y provincial. Por ello, hasta ahora "picaron en punta" sectores con una dirigencia empresarial organizada y capaz de compartir con los sindicatos y funcionarios públicos una visión pragmática del potencial productivo que se puede alcanzar. Lamentablemente, no todos los sectores cuentan con este capital y será un aspecto a fortalecer en nuestro sector empresarial al momento de reclamar beneficios al Gobierno.
2. Si existe compromiso empresarial, el gobierno nacional estaría dispuesto a "subir la apuesta". Los empresarios se comprometieron en los acuerdos firmados a realizar inversiones y transformaciones productivas muy concretas. Dichos compromisos lograron como contraparte exclusivos beneficios por parte del Gobierno como: mejoras en los marcos regulatorios, generación de créditos a medida, aumento en reintegros a las exportaciones, rebajas de aranceles a las importaciones de insumos estratégicos, priorización al momento de negociar acuerdos internacionales, entre otros.
3. El compromiso sindical es otra condición necesaria para el acuerdo. Los trabajadores (mediante sus representantes sindicales) aceptaron la necesidad de incrementar la productividad laboral, y se acordaron un abanico de medidas para que ello suceda. En general se modificaron regulaciones de manera de profundizar el vínculo entre horas trabajadas y salarios (o producción y salario), se buscó reducir el ausentismo y promover la formación en nuevas habilidades para el trabajo.
En definitiva, las políticas para atacar los déficits estructurales de competitividad están en agenda pero tardarán en dar frutos (reforma impositiva, mejoras en infraestructura logística, penetración crediticia convergente con la región, etc). Mientras tanto, el puente temporal que propone el Gobierno obliga a una articulación profunda entre todos los actores de la cadena de valor. El contexto premia a los sectores más organizados y pro-activos, capaces de buscar consensos y proponer planes de desarrollo sectorial.
