El gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal quiere deportar a cerca de 2.000 presos extranjeros que hayan cumplido la mitad de sus penas en cárceles de Argentina. De esta manera se intentará aliviar la superpoblación carcelaria.
Según datos citados por Clarín, en los pabellones de la provincia de Buenos Aires, el 5,1 % de los reclusos tiene documentación extranjera, el mismo porcentaje de los inmigrantes que viven en el territorio más poblado del país.
De acuerdo con la ley, están en condiciones de acceder al extrañamiento una vez que cumplen la mitad de la condena impuesta por cualquier delito, siempre que no tengan otros procesos judiciales abiertos. Es decir que pueden ser expulsados del país y se le da por cumplida la pena, según lo contempla la ley de Migraciones 25.871.
En lo que va del año fueron 23 los que se enviaron de regreso a sus países. El trámite comenzó a apurarse a partir de mayo y, según dijeron en el Gobierno bonaerense, hay otros cuatro que tienen el trámite avanzado para completar el procedimiento.
El origen de la población carcelaria extranjera se divide de la siguiente forma. Está encabeza en su mitad por Paraguay (51,35 %), y luego siguen Perú (17,66 %), Uruguay (9,14 %), Bolivia (8,87 %) y Chile (5,21 %).
La mayoría de los que ya fueron expulsados o están a la espera de serlo cumplían condenas por delitos gravísimos, como homicidio o abuso sexual.
El procedimiento que se realiza debe contar con el consentimiento del recluso, por lo que se tiene en cuenta casos en los que el preso prefiere quedarse en Argentina, por ejemplo, por haber formado una familia.