El país está en emergencia y está en plena vigencia el impuesto del 30% para la compra de dólares para atesoramiento y gran parte de las operaciones comerciales en divisas.
El gravamen se aplicará a las compras de billetes y divisas en moneda extranjera e incluirá el llamado dólar ahorro, con un límite de 200 dólares mensuales fijado durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri.
También la compra de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, lo que generó cuestionamientos de las agencias locales. El costo extra a su vez abarcará los alquileres temporarios en la Argentina contratados por plataformas globales. Y los pasajes terrestres, aéreos y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país.
Además, el Gobierno decidió beneficiar a las empresas petroleras dos veces en el mismo proyecto de ley de emergencia económica: les bajó las retenciones del 12% al 8% y ahora las eximió de pagar a las provincias regalías sobre la facturación total.
En la redacción original, antes de ir al Congreso, la llamada Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva incluía un aumento a las retenciones que iba el 12% al 15%.
Pero el lobby de las empresas y del gobernador del Neuquén, Omar Gutiérrez, llevaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, a realizar un cambio drástico.
Esa baja en las retenciones y el beneficio que se conoció ayer con la promulgación de la ley, serán utilizadas ahora por el Gobierno para frenar a las petroleras que tienen refinerías y estaciones de servicio, dado que vienen pidiendo una suba de entre el 6% y el 10% en los precios de los combustibles.
El presidente Alberto Fernández y Guzmán no quieren aumentos al menos hasta marzo.
No quieren que se hable de congelamiento, pero buscan que este factor no impulse la inflación. Y abrieron una puja interna con el propio presidente de YPF, Guillermo Nielsen, quien avisó que necesita subir los precios porque el 70% de los ingresos de la petrolera estatal vienen el surtidor. Hay final abierto.
Promulgación demorada
Artículo por artículo y línea por línea. Así analizó el gobierno durante 50 horas la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva sancionada por el Congreso en la madrugada del sábado y promulgada ayer, a las 17.30.
El texto apareció casi igual. Sólo se decidió el veto parcial que beneficia a las petroleras para evitar un nuevo frente de conflicto. En la Casa Rosada ya tienen bastante con el malhumor del campo por la suba de retenciones. Y están en plena tensión con los empresarios de la industria, el comercio y los servicios por los "aumentos por decreto".
Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, llamó ayer por teléfono interno al presidente y le informó que había un cambio entre el proyecto que él había enviado al Congreso.
"Sacá lo que haya que sacar", le respondió Fernández, según contaron fuentes oficiales a este diario. Ibarra es la encargada de velar por la firma del presidente. El cambio introducido en Diputados iba en contra de uno de los principales intereses del Gobierno: Vaca Muerta.
En la promulgación apareció un texto del Gobierno que dice: "Obsérvase en el artículo 52 el proyecto de ley registrado bajo el número 27.541 la frase que dice: 'En ningún caso el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras".
Eso indica que las productoras van a tener que pagar regalías por el monto neto percibido (ya descontado el pago de retenciones de hasta el 8%), como dice la ley de hidrocarburos. Así, una ley no contradice a la otra. En el Gobierno aseguran que fue para evitar una doble imposición. Pero no niegan que fue la veta que encontraron para beneficiar a las empresas y frenar sus reclamos.
Ocurre que la Cámara de Diputados le agregó al proyecto que los productores pagarían sobre el monto total (bruto) de facturación, sin descontar el derecho de exportación (retención). Esa situación generaba mayor presión tributaria sobre el sector.
