La Fiscalía General de Brasil le entregará a partir del jueves próximo a la procuradora general de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina por la empresa brasileña Odebrecht, según confirmaron fuentes de la Procuración General de la República de Brasil, que, no obstante, explicaron que no habrá divulgación pública del contenido.
Se trata de uno de los capítulos extranjeros de la delación premiada de los 77 ejecutivos de Odebrecht más el patriarca de la compañía, la más grande empresa de ingeniería de América Latina, eje del caso conocido en Brasil como Operación Lava Jato.
En tanto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que la Procuración del Tesoro tiene bajo análisis todos los contratos vigentes de la constructora brasileña en el país, en un trabajo que realiza en conjunto con los distintos ministerios que tienen en su órbita las obras que obtuvo la empresa imputada por el presunto pago de sobornos.
“Tengo entendido que ya la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado, está analizando todos los contratos de la empresa en el país, y eso lo hace con cada uno de los ministerios”, dijo Garavano al ser consultado sobre la posibilidad de que Odebrecht pierda sus contratos en la Argentina, como el del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
El ministro aclaró que hacer cesar los contratos de Odebrecht es "una facultad que corresponde a cada uno de los ministerios" y puntualizó: "Hay obras contratadas por el gobierno anterior con los Ministerios del Interior, de Energía y de Transporte.
También para la semana próxima se espera una nueva reunión en Buenos Aires entre el gobierno argentino y los directivos de Odebrecht, como continuación de un encuentro que esta semana debió levantarse porque al mismo tiempo hubo allanamientos en la sede de la constructora brasileña en esta ciudad.
Desde Brasil, en tanto, fuentes de la Procuración brasileña consignaron que, a partir del jueves próximo, serán remitidos a la procuradora Gils Carbó los videos de los delatores y documentos sobre los sobornos pagados en Argentina que, según la confesión de la propia empresa, habrían alcanzado los 35 millones de dólares entre 2007 y 2014.
Así lo expresó la constructora ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde, con el objetivo de pagar multas y poder seguir operando, reconoció el pago de sobornos en al menos 12 países.
Odebrecht y la fiscalía general de Brasil, conducida por el procurador general Rodrigo Janot, firmaron un acuerdo en diciembre que vence el 1 de junio, plazo pedido por la empresa para negociar acuerdos en los países donde quiere seguir operando por los delitos cometidos, antes de que se conozca el contenido del proceso.
Según las fuentes consultadas en Brasilia, el trámite de liberación del expediente es parte de un acuerdo entre las fiscalías generales de cada país.
Por eso, según los portavoces brasileños, apenas cumplido ese plazo, la Procuración General de la Nación, en Argentina, tendrá el acceso oficial a los documentos, que pueden enviarse en forma física, por valija diplomática, como ha ocurrido en otros casos, o como parte del acuerdos de cooperación internacional ya vigentes entre la justicia, independientemente de la Cancillería.
“No tenemos previsto renovar el plazo de este acuerdo con Odebrecht. El secreto de sumario se levanta apenas para enviarlo a los demás países, no para publicidad”, precisaron las fuentes.
Los archivos están todos digitalizados y serán entregados en discos rígidos, en tanto ni los videos ni los documentos probatorios de las delaciones (mails, pasajes de avión, gastos de hotel, escritos, papeles corporativos y oficiales) están traducidos al español.
Odebrecht pagará una multa de unos 1.300 millones de dólares en Brasil (el 70 por ciento de ese valor), Estados Unidos y Suiza, como parte del acuerdo de delación premiada firmada luego de haber sido descubierta pagando sobornos en la empresa petrolera estatal Petrobras.
El nivel de actuación de la empresa corruptora incluyó obras de infraestructura en general y la creación, dentro de la propia estructura de la firma, de un departamento de sobornos a políticos y para financiar ilegalmente campañas electorales.
