Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, tuvo plena participación en la prisión domiciliaria concedida a Luis D’Elía. Luego, ante la Cámara de Casación hizo un reclamo formal con el propósito de que se respetara el pedido de la defensa de Ricardo Jaime para que el ex funcionario pudiese gozar del mismo beneficio.
El dato más impactante es que Pietragalla reclamó la libertad de quien es uno de los emblemas de los hechos de corrupción ocurridos durante los gobiernos kirchneristas. Coinciden quienes manejan la mecánica judicial que hubiese correspondido previamente la solicitud, de parte del funcionario, de que un médico del Estado comprobase el estado de salud del detenido, que, según su abogado defensor, por tener 65 años adquiría riesgo de contagio de coronavirus permaneciendo en prisión.
También se argumentó que la Argentina podría quedar mal parada en el plano internacional en caso de no contemplarse este tipo de planteos. Al respecto cabe señalar que si bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación por la prolongación de prisiones preventivas dictadas por jueces federales de primera instancia, en el caso de Jaime se trata de una condena de ocho años de prisión efectiva que en su momento se dictó contra él por su responsabilidad como funcionario en la tragedia ferroviaria de Once.
La de Jaime se trató de una acción política sobre la Justicia muy parecida a la que hace pocos días derivó en la salida de la cárcel del ex vicepresidente Amado Boudou, también condenado por varios hechos ilícitos en su paso por la función pública durante los gobiernos kirchneristas. La diferencia radica en que la domiciliaria de Boudou fue otorgada, en un fallo aislado e insólito, por un juez que integra un tribunal. En cambio, el caso de Jaime chocó con la correcta postura de la Casación.
Además, es grave en lo institucional, que la decisión de Pietragalla pasara por encima de las potestades de sus superiores, incluyendo, nada menos que a la ministra Marcela Losardo. La repercusión política y periodística del hecho hizo que el presidente Alberto Fernández convocase a su despacho a Pietragalla para recibir explicaciones sobre su actitud, lo que demuestra claramente que la forma de proceder del funcionario fue criticable, por no haber informado y por su clara intención política de favorecer a una persona que admitió los hechos de corrupción por los que fue a prisión.
Pero el problema mayor es que el polémico integrante del Ministerio de Justicia, como otros que también integran el Ejecutivo nacional, abonan el argumento de que quienes están detenidos son perseguidos políticos de una suerte de conspiración jurídico-mediática surgida durante el gobierno de Macri. Es lamentable que esa muestra de fanatismo llevado a la función pública no les permita reconocer que lo que se impuso años atrás fue una histórica embestida de la justicia independiente contra la corrupción en el Estado que, justo es reconocerlo, en muchos casos se nutrió de muy precisas investigaciones periodísticas.
La confianza ciudadana expresada en el voto, que llevó al gobierno al Frente de Todos, se basó en la esperanza de una mejoría económica indudablemente necesaria, pero también en el deseo de muchos de que prácticas que atentan contra las instituciones y las libertades, quedaran de lado. Estos embates a la Justicia alertan sobre el siempre vivo acecho de la búsqueda de impunidad.
