Al finalizar 2018, el presidente Macri tuvo tres gestos relevantes hacia la Fuerzas Armadas que tuvieron un efecto favorable: se reunió en el Comando de Remonta y Veterinaria con los generales, almirantes y brigadieres; al día siguiente entregó las insignias a quienes ascendieron a dicha jerarquía, lo que el año anterior había tenido una demora inédita de casi diez meses, y se logró en el tiempo necesario la autorización para realizar ejercicios con Fuerzas Armadas de otros países, varios de los cuales antes no pudieron realizarse porque la autorización se demoró injustificadamente.
Pero en forma casi inmediata, se conocieron varias situaciones, que generaron el efecto contrario. La primera, afectó al contingente de 194 hombres de "cascos azules" que integran la fuerza de paz en Chipre, desplegada en el marco de la ONU. Se trata del contingente número 52 que se envía. Es que la participación de Argentina en esta fuerza se ha mantenido durante los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner y Macri. Está integrada en su mayoría por personal del Ejército, en este caso del Regimiento 5 de Caballería de Montaña de Salta, efectivos de Infantería de Marina, de la Fuerza Aérea y una decena de hombres de las Fuerzas Armadas de Chile.
La ONU entrega un viático de 1.340 dólares mensuales por hombre al gobierno nacional, del cual dependen los efectivos, y éste se los entrega. La cuestión es que en el caso argentino, los fondos fueron girados hace más de tres meses y no habían llegado a las tropas desplegadas a fin del año pasado. El problema es que con esos recursos deben vivir en Chipre, país de la Unión Europea con un costo de vida superior a la Argentina.
La ONU entrega los fondos al país y en la llegada a las tropas en el caso argentino, intervienen los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa. Lo concreto es que las tropas argentinas desplegadas en Chipre, tras tres meses de sobrevivir sin este viático, tuvieron que pasar las fiestas en esta situación. Se trata por lo menos de una desatención para la fuerza de paz argentina. Seguramente los dólares fueron utilizados para alguna urgencia. Nunca sucedió una situación de este tipo durante los once años y medio de gobiernos kirchneristas.
Pocos días después, se supo que desde el Ministerio de Medio Ambiente se reactualizó el proyecto de transformar 540.000 hectáreas de campos que son propiedad de las Fuerzas Armadas en parques nacionales. Estas tierras están en Salta, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan y Mendoza, encontrándose en las dos últimas la mayor extensión. Se trata de campos de instrucción de las unidades con asiento en Uspallata, Campo de los Andes y Tupungato. La idea de dicho ministerio, es que la transformación en "Reservas Ambientales de la Defensa" y que pasen a depender del Ministerio de Medio Ambiente. Ello permitiría explotarlos económicamente, al cobrarse la entrada a turistas y visitantes.
El argumento es que se están usando poco para instrucción y lo mismo está sucediendo con la cría de mulas para las unidades de montaña. Pero la realidad es que las Fuerzas Armadas, y en este caso el Ejército, se encuentran en el nivel más bajo de su historia en cuanto a presupuesto de funcionamiento. Tanto es así, que en 2019 no habrá fondos para racionamiento, es decir para comer. El argumento para la transformación es que se usan muy poco para instrucción y cría de ganado mular. Pero los bajos recursos, hacen que apenas se dispare un tiro por cañón o tanque y en algunos casos ninguno.
El propósito anunciado encuentra dificultades. Interviene en el acuerdo de las Fuerzas Armadas que tienen la propiedad, -en muchos casos son donaciones de afectación específica,- la Agencia de Bienes del Estado (ABE) y, de acuerdo a los casos, se requieren leyes provinciales o incluso nacionales.
Si bien el 1 de marzo el presidente Macri por decreto estableció que 1.500 hectáreas de Campo de Mayo pasan ser un parque de uso público,-algo que no se ha implementado por trabas jurídicas,- y que una parte va destinado a "Espacio de la Memoria" de acuerdo a lo reclamado por las organizaciones de derechos humanos, ello todavía no se ha hecho efectivo.
La tercera situación, es que estaría en la órbita de la Jefatura de Gabinete un proyecto de DNU, destinado a cambiar la conducción del Instituto de Obras Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa). Tiene 400.000 afiliados y administra fondos por 20.000 millones de pesos. Junto con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que maneja los fondos para el pago de los retiros, son las dos mayores sumas del presupuesto militar. Por este decreto, se incorporan a este sistema dos de las fuerzas de seguridad federales, Gendarmería y Prefectura. Pero se cambiaría el directorio, perdiendo en el mismo las FFAA la mayoría. Un representante del Ministerio de Defensa tendría la presidencia, otro del Ministerio de Seguridad la vicepresidencia y habría cinco vocales, uno por cada una de las FFAA y otros cada una de las de seguridad. El argumento que se esgrime en ámbito militar, es que las FFAA tendrán más de dos tercios de los afiliados y pese a ello quedarían con minoría en su conducción.
Hasta acá, en las tres situaciones se percibe una política de tipo "economista". En la primera, una de emergencia originada en la retención de dólares por el gobierno nacional, en la segunda una pérdida de control efectivo del patrimonio militar y en la tercera un cambio de administración en la obra social.
Al comenzar el año, se ha conocido que se prepara un proyecto de ley para organizar el sistema de reservas, con la intención de integrarlas con 10.000 hombres. Puede ser también una iniciativa de sesgo economicista, si con ello se pretende sustituir efectivos permanentes por reservistas para reducir el personal permanente, cuando en realidad hay una notoria falta de personal de tropa voluntaria. Pero puede ser una medida para aumentar la capacidad operativa, si los reservistas se suman al personal existente.
Por último, al comenzar enero se supo que el ajuste salarial para el sector militar acordado en diciembre, que implicaba un incremento de 10% en el primer bimestre, sería de 8%. Parece un porcentaje exiguo, pero su proyección adquiere significación.
En conclusión, el Presidente finalizó 2018, con relevantes actitudes "gestuales" hacia las Fuerzas Armadas que han tenido buena repercusión en ellas. Pero simultáneamente se hacen públicas situaciones e iniciativas de sesgo economicista que tienen el efecto contrario.
Sobre esta situación, es posible que la búsqueda del "voto uniformado", -incluyendo el grupo familiar es aproximadamente 3% y 4% del padrón,- influya en la política militar, en un año que será muy difícil para las Fuerzas Armadas por un ajuste inédito.
