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Las comisiones de Hacienda y de Obras Públicas iban a iniciar el tratamiento del Ente de Regulación y Control del transporte público. Recibieron a los enviados del Ejecutivo para empezar el debate de la letra del proyecto.
El problema es que la cara visible de Protectora, el actual diputado nacional José Luis Ramón, considera ese ente casi como propio y se apareció por la reunión. Cuando le dieron la palabra, el flamante diputado nacional hizo gala de su poca experiencia política al darle rienda suelta a su efusividad. Su intervención terminó con una disculpa exida por el peronismo y con ese acto de contricción terminó la reunión de las comisiones.
Sin embargo, más allá de la aparición del verborrágico diputado, el proyecto de ley se trataría en la sesión de hoy. El presidente de la Cámara de Diputados Néstor Parés dijo que "si paramos el tratamiento por cada show que se monta en Legislatura, no sale ninguna ley. El proyecto ya está charlado. Vamos a esperar algunas sugerencias del PJ mañana (por hoy) y estamos listos para tratarlo".
Así pues la sesión se interrumpió abruptamente, pero la frase más fuerte no fue autoría de Ramón, sino del peronista Lucas Ilardo: "Vino a vender humo el Caruso Lombardi de la política".
Es que Ramón considera ese ente como su creación, no porque hubiera redactado la ley 7412, sino porque el 31 de octubre pasado la Suprema Corte mendocina le dio la razón y ordenó la creación del Ente Regulador del Transporte previsto en esa norma.
El plazo que dio la Corte fue de sesenta días, que según la cuenta de Ramón están vencidos. De todos modos, las comisiones de Hacienda y de Obras estaban tratando justamente eso que ordenaba la Corte; no hacía falta que Ramón llegara a recordárselos a los legisladores y, de paso, decirles que sino estaba creado es porque los dos partidos mayoritarios eran “cómplices”.
La ley 7412 fue sancionada en 2005. Allí se crea el Ente Regulador del Transporte Público de Pasajeros. Es decir, han sido tres gestiones las que no cumplieron con esa norma, las de Julio Cobos, la de Celso Jaque y la Francisco Pérez. Alfredo Cornejo lleva dos años y recién ahora manda la modificación de las atribuciones de ese Ente para ponerlo en vigencia con la nueva concesión del sistema de transporte, proceso que ya está lanzado.
“Realmente se manifestó con una falta de respeto hacia la cámara y el resto de los diputados que no corresponde a un diputado nacional. Si quiere hacer una venta de humo, la puede hacer afuera con la prensa y no en la comisión dónde estamos tratando con seriedad un proyecto de ley” decía el diputado Ilardo al terminar la reunión.
El diputado nacional Ramón justificaba su aparición diciendo que “hay una orden de la Suprema Corte de justicia que no la quieren cumplir”, porque habría un pacto político para que seguir manteniendo a “un pequeño grupo de empresas que están atadas a la teta del Estado”.
Yendo a lo que importa, la modificación del Ente Regulador no tiene demasiadas objeciones (ver aparte). "Es un deber votarlo; pero queremos discutir toda la política de transporte público. Hasta ahora no hemos visto nada de los nuevos recorridos que se van a licitar, ni hemos podido discutir el costo del sistema y el del boleto" decía el diputado Jorge Tanús (PJ).
Cuál es el proyecto
El proyecto en debate es una modificación de la ley 7412, porque la creación del ente regulador "confunde competencias. Administración y planificación, propias del Ejecutivo como titular de la prestación del servicio, se mezclan con las de control y fiscalización que son las del ente descentralizado con autarquía funcional y financiera", explicaba la jefa de gabinete de la Secretaría de Servicios Públicos Jimena Latorre.
Entre las críticas del PJ se cuentan la representación de las asociaciones de consumidores, que consideran escasa, y la de los municipios. Al respecto Latorre dijo que en la ley se prevén seis representantes de consumidores, “pero no tan solo esas asociaciones representan las necesidades de los usuarios. Los que se encuentran más alejados de la Capital, donde funciona el ente y la mayoría de asociaciones de defensa del consumidor, son las uniones vecinales las que tienen la representación”, por lo que se bajan a tres representantes vecinales o de consumidores y los otros tres para a los municipios.
