En una década hemos pasado del autoabastecimiento y exportación de energía, a un déficit en todos los órdenes que obliga a destinar más de 10 mil millones de dólares para energía.
Esta incomprensible situación es atribuible enteramente a una equivocada y demagógica política nacional. Así lo afirman y lo demuestran acabadamente en un nuevo documento varios ex Secretarios de Energía. Afirman que la política energética de estos años ha descapitalizado al sector. La propia información oficial da cuenta del deterioro de las reservas de hidrocarburos y de la reducción de los márgenes de reservas con los que opera el sistema eléctrico.
Señalan que los estados contables y financieros de las compañías de transporte y distribución de gas ponen de manifiesto la incapacidad de los prestadores de afrontar nuevas inversiones, con la novedad de su inviabilidad operativa. La información publicada en nuestro diario sobre la situación de Edemsa, conforme a una auditoría externa, es una muestra de ese hecho.
El informe cuantifica el deterioro de los activos energéticos en la última década, como disminución del patrimonio neto del país, entre 150.000 y 300.000 millones de dólares, según el criterio de valuación de las reservas probadas. Las reservas comprobadas de hidrocarburos tuvieron una caída significativa entre 2003 y 2011; en petróleo fue del 9,2% y el gas natural del 46%. En este último caso la descapitalización es muy acelerada.
La relación reservas/producción pasó de 47 años en 1981 a 7 años en 2011. Destacan que la caída de reservas no ha sido un hecho casual sino el resultado de una continuada disminución de la ejecución de pozos de exploración, por la falta de incentivos de la política energética.
En el caso de los denominados hidrocarburos no convencionales (shale oil y shale gas) dicen que informes de expertos confiables cuantifican en cifras muy importantes los de la cuenca neuquina, que se extiende a Mendoza.
De poder ser explotado multiplicaría por 50 las actuales reservas comprobadas. Sin embargo existe consenso que su explotación efectiva demandará ingentes recursos financieros y tecnológicos, además de un marco legal e institucional que hoy no está disponible en el país.
En cuanto al sector eléctrico existen problemas mayúsculos en el funcionamiento, que no son atendidos por el gobierno. El manejo oficial de la cuestión tarifaria desde 2003 ha puesto a las empresas eléctricas al borde de la bancarrota y al gobierno al borde de la ilegalidad en la aplicación de la legislación. Las tarifas apenas cubren el 30% del costo de producción.
Otro retroceso se registra en la participación de la energía hidroeléctrica que hace una década aportaba más de la mitad de la energía producida y en la actualidad, de apenas una tercera parte.
Los ex secretarios estiman que se requiere una inversión del orden de los 15.000 millones de dólares anuales (petróleo, derivados, gas y electricidad). Estos montos necesarios para recapitalizar el sector están fuera del alcance del financiamiento vía ingresos públicos, demandan proporciones mayoritarias de recursos de inversión y financiamiento privado.
Para ello hay que cambiar totalmente la política energética, rehacer el marco institucional del sector y recuperar la confianza de los inversores. En el mundo hay liquidez y tecnologías pero con políticas discrecionales que sólo atienden al corto plazo no vendrán. Se requieren políticas de largo plazo, ya que nada se hace de día para otro en el sector energético.
Afirman que nuestro país necesita una matriz energética menos dependiente de los hidrocarburos. Se requiere mayor generación hidráulica, eólica, solar y nuclear, y naturalmente una menor participación de la energía termoeléctrica. Requiere también apostar a un nuevo paradigma de generación mediante energías no convencionales distribuidas de mediana y baja potencia.
El documento de los ex secretarios es muy valioso y sería deseable que tanto el Gobierno nacional como el Provincial lo leyeran con atención.
