La nominación del juez José Valerio para integrar la Suprema Corte de Justicia desató una controversia que pone en estos momentos a la Provincia al límite de un lamentable e innecesario conflicto de poderes.
El gobernador, Alfredo Cornejo, considera que el combate a la inseguridad reinante en Mendoza no sólo es responsabilidad del poder político y de la fuerza de seguridad, sino que también requiere de un mayor involucramiento de la Justicia.
La labor de los jueces, en especial en lo relativo a los tiempos de los procesos y a la forma de aplicar y hacer cumplir las penas a quienes delinquen, fue puesta en la mira por el actual gobierno desde su asunción. La designación de Alejandro Gullé como procurador general y virtual jefe de los fiscales respondió a la orientación que pretende el Poder Ejecutivo y por esos carriles transita el propuesto juez Valerio.
Hace una semana, Los Andes reprodujo un artículo de opinión firmado por el ministro de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde, con el que el magistrado buscó salir al cruce de la polémica desatada y, a la vez, propuso límites a la supuestamente pretendida injerencia del Gobierno en el quehacer judicial.
Reconociendo el grado de preocupación de la sociedad mendocina por la cantidad de delitos que se cometen y admitiendo que compete a los poderes políticos del Estado encarar la búsqueda de soluciones, el doctor Pérez Hualde objetó la pretensión del gobierno de Cornejo de la celeridad para las detenciones o de que todo acusado de un delito debe esperar en prisión el momento de su sentencia, postura -dijo- que nos lleva años atrás en la doctrina jurídica más básica".
Pidió el juez a los magistrados mendocinos "serenidad y equilibrio" para actuar en las actuales circunstancias, remarcando que "cuando se trata de derechos fundamentales no podemos ponernos a tono con la urgencia política del gobierno de turno". Y, entre otras muchas consideraciones, solicitó que la política no plantee exigencias a los jueces "cerca del límite del respeto a la independencia constitucional de los jueces".
La respuesta oficial a lo expresado por Pérez Hualde no tardó en llegar y desde el Gobierno insistieron en que la prioridad de la actual conducción política pasa por ocuparse "de los problemas que la gente necesita que le resuelvan", entre los que la inseguridad ocupa un primerísimo puesto.
En medio de esta situación es necesario que jueces y políticos se llamen a silencio para permitir que la nominación del juez Valerio se resuelva en el Senado con la mayor convicción de sus integrantes, con más razón si se tiene en cuenta que las presiones y mandatos políticos serán inevitables en este caso puntual.
