En marzo de 2005 Néstor Kirchner convocaba a un complot contra Shell por aumentar el precio de los combustibles. En agosto de 2010 el gobierno de Cristina Fernández Kirchner aplicaba la ley de abastecimiento a las petroleras y los obligaba a retrotraer los precios a julio de ese año. El mes pasado YPF, ya nacionalizada, volvió a aumentar el precio de los combustibles por sexta vez en un año, el gobierno nacional hizo silencio.
La suba de precios es inherente al modelo económico del kirchnerismo así es que la inflación no disminuye y deteriora, principalmente, los bolsillos de los asalariados. Sin embargo llama la atención que este aumento en los precios locales de los combustibles se produzca en momentos donde el precio internacional del petróleo ha disminuido más del 50% en el último año y todo indica que la tendencia se va a mantener por lo menos en el mediano plazo.
En el último año en Estados Unidos el precio de las naftas ha caído 25% y el del gas oil 31%. En países vecinos como Brasil; Chile y Perú ante la baja de los precios internacionales del crudo (materia prima) han bajado los precios internos de los combustibles, siguiendo de esta forma el patrón internacional marcado por la disminución del valor del barril de crudo, que es la materia prima de la mayoría de los combustibles.
Las reglas de la economía y de la libre competencia indicarían que el comportamiento debería ser con precios a las bajas como ocurre en casi todo el mundo. Sin embargo Argentina ha tenido un comportamiento adverso con aumentos sucesivos llevando a que los precios locales de los combustibles sean de los más caros a nivel mundial.
En nuestro país todos nosotros, los consumidores, pagamos el combustible con un valor de más de U$S 70 el barril de crudo a los petroleros que operan aquí, cuando el precio internacional ha caído ininterrumpidamente hasta los U$S 40, lo que representa un 80 % más caro.
Esta situación es fruto del poder de negociación de las petroleras que funcionan en nuestro país por sobre el gobierno, lo que ha vuelto esclavos de la situación a los consumidores y muy lejos de ser una medida que acompañe el discurso de progresismo al que nos tiene acostumbrado el gobierno, es una muestra más del engaño de este relato.
Y ante ello debemos aclarar que en este escenario muy lejos estamos de cumplir con el primer principio de la política hidrocarburífera nacional que se definió en la Ley 26.741 de nacionalización de YPF definido como "La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y regiones".
Nuestros sectores productivos pierden competitividad día a día por estas distorsiones en sus costos de producción asociado a la disparidad del tipo de cambio y a las restricciones en la comercialización internacional de sus productos e insumos.
Todas estas distorsiones que se dan en el sector energético nacional son malas señales que en el corto plazo impactan en las decisiones de los sectores productivos, de los consumidores, en los niveles de eficiencia energética, en la desvirtualización de una matriz energética sustentable, pero que en el mediano plazo impactará, como ya lo viene haciendo, en las cuentas públicas deteriorando aun más la macroeconomía haciendo insostenible en el tiempo este tipo de medidas benévolas sobre distintos sectores amigos del poder, en este caso sobre el sector petrolero.
Podríamos resumir la situación enunciando una regla simple que se está dando a nivel global, fue un mal año para las petroleras y para sus proveedores, y un buen año para los consumidores, esta regla parece no cumplirse en nuestro país.
