Un proyecto para modificar el Código Procesal de Familia apunta a generar cambios en distintas temáticas. Entre ellas, una de las más controvertidas suele ser la que se genera con los deudores alimentarios, a partir de un proceso de divorcio.
El proyecto que por estas horas se discute en la Legislatura busca endurecer las obligaciones de quienes, Justicia mediante, tienen que afrontar el pago de las cuotas alimentarias para sus hijos cada mes.
"Específicamente, se buscan herramientas para garantizar que se haga efectivo el cobro de las cuotas alimentarias", explicó a Los Andes el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, uno de los redactores del proyecto.
En realidad la idea es hacer “más efectivos” los procesos. Por eso uno de los puntos se fija en las notificaciones de las sentencias judiciales.
Hasta ahora la persona demandada recibe las notificaciones sólo en su domicilio particular, pero eso cambiará. Hoy, si la persona no se encuentra o se ha mudado, puede alegar no haberse enterado.
“El proyecto plantea que las notificaciones también se puedan hacer en el domicilio laboral o comercial del deudor alimentario”, señaló D’Agostino.
“Con esto se asegura de que reciba la notificación”, completó el subsecretario.
Otra modificación busca darle mayor agilidad a las audiencias procesales. Dentro de los dos días de presentada la demanda por alimentos, el juez deberá citar a la audiencia, pero tendrá tres días para que eso suceda. "Con eso se evita la discrecionalidad del juez", analizó D'Agostino.
Otro punto que se busca con el proyecto es el establecimiento de un un mecanismo que haga "efectivo pago" de la cuota alimentaria.
“Hay muchos casos en los que el deudor cobra o trabaja en negro y por lo tanto declara menor ingreso. Eso no ocurrirá más”, destacó el funcionario.
En este caso, la propia sentencia del juez buscará garantizar ese mecanismo.
Otra modificación importante que propone el proyecto enviado por el Gobierno da cuenta del aporte que pueda hacer el empleador del deudor como “deudor solidario”.
En la actualidad, un juez de Familia puede ordenar que el empleador retenga la cuota alimentaria y la deposite al o la demandante. “Ahora se incorpora el dato de que si el empleador falsea u omite datos, es igualmente responsable de ese pago”, se informó.
Más efectividad
En Mendoza existe lo que se denomina el Registro de Deudores Alimentarios. Desde el año 2011, ese registro se publica cada mes actualizado (se puede consultar en la web del Poder Judicial, www.jus.mendoza.gov.ar).
Actualmente hay unos mil deudores alimentarios registrados. Y si bien esa publicación al principio sirvió para confirmar pagos de cuota, hoy no es tan efectiva.
Al menos así lo entienden en el Foro de Familia. "La publicación del registro ha perdido importancia en estos tiempos", señaló el juez de Familia Carlos Neirotti.
Por eso el magistrado consideró "oportuna" la modificación que propone el Ejecutivo, que además adecua el Código Procesal de Familia al Código Civil y Comercial nacional.
“Es bueno que se abra el debate a todos los actores para generar estos cambios”, señaló el juez Neirotti.
Mendoza debería recortar casi $ 4 mil millones
El Gobierno Nacional comenzó a delinear el impacto del ajuste previsto para el año que viene que tendrá cada provincia. Con las metas impuestas por el acuerdo con el FMI, en total en 2019 deberán ahorrarse al menos $ 300.000 millones para poder bajar el déficit fiscal al 1,3%.
De ese monto total, el gobierno de Mauricio Macri se hará cargo de $200.000 millones, aliviando de alguna manera a las provincias, que de igual manera tendrán un severo ajuste de los recursos que reciben año a año.
Los $100.000 millones restantes se distribuirían, según explicó el ministro Rogelio Frigerio al diario La Nación, de un porcentaje de la coparticipación nacional, por lo que a Mendoza le restarían un monto cercano a los $3.800 millones.
Sin embargo, en el Gobierno provincial desconocen esta cifra y prefieren no arriesgar ningún monto. Es que el tema de cuánto deberán recortar para adecuarse al ajuste molesta en los pasillos de Casa de Gobierno.
En cuanto a las otras provincias, Buenos Aires -que días atrás se decía que le tocaría un ajuste de $40.000 millones-, con este esquema basado en lo que recibe de coparticipación debería recortar la mitad, $20.000 millones.
A Córdoba le tocarían $8.100 millones menos y a Entre Ríos, $4.300 millones, entre otras provincias.
