Mañana se cumple un mes de la aprobación de la reforma de la Ley 7.722, el primer proyecto que el gobernador Rodolfo Suárez envió a la Legislatura y que se convirtió en un búmeran que ni el oficialismo ni la oposición peronista previeron cuando sus legisladores avalaron por amplia mayoría habilitar la minería metalífera en Mendoza aquel 20 de diciembre de 2019. Una semana después, las protestas y reclamos en las calles obligaron al mandatario a pedir la derogación de la reforma, por lo que la actividad minera a gran escala sigue vedada en la provincia.
Ahora, una encuesta a la que accedió Los Andes revela que 94% de los mendocinos respalda la decisión de Suárez de haber dado marcha atrás con los cambios a la 7.722, aunque a la vez el 85,6% está "de acuerdo" en ampliar la matriz productiva de Mendoza.
Lo que parece una contradicción, para Martha Reale -de la consultora Reale Dalla Torre- es la confirmación de que "Suárez tiene que avanzar en la ampliación de la matriz productiva de manera consensuada".
Según interpreta la responsable de la encuesta, realizada en enero una semana después de la derogación, el conflicto desatado por la ley minera "de alguna manera permitió un debate que pululaba en determinados sectores, quizás los más informados, pero que estaba en la sociedad. Los bienes y servicios que generamos son insuficientes para abastecer a los mendocinos. Eso es lo que se está pidiendo, entonces sentémonos entre todos a debatirlo".
Reale reconoce en las respuestas de los encuestados que "hay un consenso abrumadoramente mayoritario de que esto hay que modificarlo, habrá que discutir de qué manera se modifica. Pero está claro que por el momento la minería metalífera no está incluida". En esa "abrumadora" mayoría que consideró "prudente" la decisión de Suárez de derogar la reforma, 73,2% dijo que fue "por el temor que se generó", mientras que el otro 20,7% consideró que "devolvió la paz social aunque la minería hubiese generado empleo en la provincia". En el otro extremo, sólo un 4,4% evaluó que el gobernador "debería haber avanzado con la minería en Mendoza". Reale asegura que en 2019, pleno año electoral, midió el aval de los mendocinos a la minería "porque estaba en el discurso de campaña de Suárez". La última encuesta la hizo en agosto y le dio un 61% de aprobación a esta industria. "Pero nunca medimos la modificación de la 7.722, ésa es la verdad. Los que estaban de acuerdo (con la minería) siempre lo pensaron en el marco de esa ley, pero esa gente no sabía que esa ley era restrictiva", dice la encuestadora.
Ese supuesto apoyo mayoritario a habilitar las actividades extractivas en la provincia es el que parece haber envalentonado a Suárez. "El gobernador pensó que como era algo que había planteado en la campaña, se sobreentendía que estaba avalado. Evidentemente, había temores por parte de la ciudadanía que han sido genuinos, que tienen que ver con la lógica de nuestro país, si esos controles que se prometían se iban a cumplir", analiza ahora Reale.
La imagen de Suárez
La gran pregunta que surgió hacia adentro del Gobierno ni bien Suárez dio marcha atrás con la reforma de la Ley 7.722, es si la decisión afectó su imagen pública a sólo dos semanas de haber asumido el cargo. Según la encuesta de Reale Dalla Torre, el gobernador conserva aún el apoyo de quienes lo votaron.
Es que 52,6% de los encuestados afirmó estar "de acuerdo" con la actual gestión provincial y un 43,6% "en desacuerdo", mientras que un 3,7% respondió que "no sabe".
Para Reale, estos demuestra que "no le afectó en el espectro de su electorado: el porcentaje de adhesión a su gestión tiene el mismo aval que los mendocinos que lo votaron" (Suárez ganó en setiembre con el 51,7%).
Es decir, la reacción de muchos contra el gobernador en esos días de furia de fines de diciembre "fue un enojo momentáneo, porque una vez que dio marcha atrás en esa decisión valoran otros aspectos que lo siguen sosteniendo (al gobernador)", analiza.
La encuesta también preguntó cómo le va a ir a Mendoza con Alberto Fernández de presidente. El 39,1% respondió "mejor que con Macri", el 31,1% "igual" y el 25% "peor que con Macri".
Para Reale, aquí se repite el fenómeno del electorado cautivo: dentro de ese casi 40% que es optimista con el futuro de la provincia en la actual gestión nacional, el 81% votó a Fernández Sagasti en setiembre y sólo el 17% a Suárez.
"Está clarísimo que los posicionamientos políticos en términos de adhesiones no se han modificado. Si las elecciones fueran mañana, la gente votaría igual", concluye la consultora.
Aumentos a estatales sin aumentos de impuestos
La encuesta también evaluó el aval de los mendocinos a la cláusula gatillo como criterio de aumento salarial a los estatales, algo que Suárez ya aclaró que no se ofrecerá en las próximas paritarias. A los encuestados se les preguntó sobre "el aumento que debería dar el Gobierno de Mendoza este año a los empleados públicos". El 67,1% eligió la respuesta "tiene que ser sostenible, es decir de acuerdo a los ingresos que tenga la provincia para no aumentar más impuestos". Mientras que un 27% seleccionó que "el aumento tiene que acompañar la inflación, aunque haya que aumentar impuestos al resto de los mendocinos". El 5,9% restante respondió que "no sabe".
Reale explicó que se midió así el aval a la cláusula gatillo porque "si nosotros hacíamos la pregunta de si los empleados tienen que recibir un incremento acompañando la inflación, la respuesta políticamente correcta va a ser 'Sí'. El punto es: ¿puede la Provincia sostener la cláusula sin aumentar impuestos? Acá el gobierno decidió no aumentar los impuestos, entonces lo que queríamos analizar es la respuesta de los mendocinos más allá de lo políticamente correcto".
Esa evaluación dio que casi 7 de cada 10 prefiere que no se otorguen aumentos según la inflación. "Cuando te tocan el bolsillo la solidaridad se agota, porque nadie quiere que le aumenten más impuestos", concluyó Reale.
Encuestados de los 8 departamentos más poblados
La encuesta se realizó desde el 8 al 12 de enero en los 8 departamentos más poblados de la provincia. Los 6 del Gran Mendoza (Guaymallén, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Las Heras y Ciudad) más San Marín y San Rafael.
A Reale, este diario le hizo notar que entre los encuestados no hay personas de General Alvear ni San Carlos, las dos comunas más "antimineras" de Mendoza. La consultora respondió que esto es así porque la muestra que utilizó "es representativa de la realidad de toda la provincia" y que "pondera" a los otros municipios. "Esos departamentos (por Alvear y SC) son una minoría absoluta dentro de la problación de Mendoza, mas allá del 'ruido' que hicieron", cerró.
Claves
En busca del desarrollo. El 94% de los encuestados están de acuerdo con haber dado marcha atrás con la reforma de la ley antiminera, pero el 85,6% quiere ampliar la matriz productiva.
Entre el miedo y la paz social. De los que avalan la vuelta de la 7.722, 73,2% creen que se hizo por el temor que se generó; mientras que el 20,7% sostienen que fue para mantener la paz social.
La imagen de Suárez. El 52,6% de los encuestados dijo estar de acuerdo con la gestión provincial y 43,6% en contra. El 39,1% del total cree que a Mendoza le va a ir mejor con Fernández que con Macri.
