Resultó muy evidente que la intención inicial fue impedir la salida de sus hogares a toda persona que hubiera cumplido 70 años. Los primeros comunicados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no daban lugar a dudas: quien infringiera la disposición sería llevado por la policía de regreso a su domicilio y si perseveraba en dicha inconducta sería castigado con cierta cantidad de horas de trabajo comunitario.
Todo con el argumento de que se buscaba cuidar, proteger y evitar perjuicios a los adultos mayores.
A raíz de esto, las autoridades de la ciudad tuvieron algo muy difícil de conseguir: lograron que las voces de todo el espectro intelectual coincidieran en señalar lo equivocado de la medida.
No había apoyo para encerrar al abuelito. Ni siquiera el leve acompañamiento que hizo el Presidente Alberto Fernández, pues sus declaraciones fueron en el sentido de la necesidad de buscar todas las formas de ayudar y cuidar a los mayores. En ningún momento señaló estar de acuerdo en buscar segregarlos o encerrarlos en sus hogares.
Rápido de reflejos -como debe ser todo político eficaz- Horacio Rodríguez Larreta brindó todas las respuestas que le fueron posibles, insistiendo en que el único fin perseguido era el de cuidar a las personas de esa edad. Volvió a confundir, entonces, edad cronológica con edad biológica; es evidente que sus asesores no le refirieron sobre esto.
También buscó un golpe de efecto al repetir el dato estadístico de que la mayor parte de quienes fallecieron por el CVID 19 en CABA eran mayores de 70 años. Pues, entonces, me permito sugerir que vayan a los datos estadísticos para informarse si ese porcentaje no es el habitual de fallecidos aquí. Cualquier conocedor de estadísticas de mortalidad conoce que entre el 70% y hasta el 90% de los fallecidos -según meses y épocas- son personas de 70 años o más. Y el COVID 19 mantiene esa media. Al menos hasta el momento.
Obvio que le fue imposible explicar el alcance que daba al término “cuidar” cuando en realidad la disposición exigía que la persona quedara a las órdenes de alguien al que debía llamar por teléfono y que sería quien habría de resolver si estaba autorizado o no a salir a la calle. Muy evidente, entonces, que ese interlocutor desconocido se convertía en su tutor.
Y aquí surge otro interrogante más, ¿qué experticia tiene el que atiende del otro lado del 147 para determinar si una persona, que está normal mentalmente, en su sano juicio, puede otorgársele o no la dispensa para la salida? ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es su preparación profesional y su experticia para tratar con personas mayores?
Otro interrogante: ¿Cuáles son los nombres, apellidos y calificaciones profesionales de quienes redactaron la disposición? Es evidente su desconocimiento en cuánto hace a los aspectos biopsicosociales del adulto mayor. Por lo tanto deducimos que no fueron ni médicos gerontólogos, ni psiquiatras especializados, ni psicólogos de la tercera edad. ¿Quiénes fueron? Nos merecemos sus datos para poder consultarles al respecto. Para que nos expliquen cosas como las siguientes:
¿Tuvieron en cuenta el estrés al que se somete a una persona obligándolo a llamar para pedir autorización de salida cuál si fuera un delincuente? De nada vale decir, que la propuesta gubernamental es otra. Aquí lo que cuenta es cómo ha de percibirlo el afectado. Imagino a una persona que toda la vida se manejó según su criterio, que de ahora en más tiene que irse a dormir pensando que -al otro día- tendrá que llamar a un teléfono para que un desconocido le diga lo que debe hacer. Un sometimiento. Una humillación. Una descalificación. Un maltrato. Así es percibido.
¿Advirtieron los redactores de esto el grado de nerviosismo y estrés que provocará -en la persona de cualquier edad; pero mucho más en un adulto mayor- tener consciencia de que en cualquier momento puede ser detenido en la vía pública, delante de otras personas, por la policía para que exhiba su documento de identidad y se compruebe si está autorizado a realizar esa salida? ¿Alguna idea sobre cómo puede afectar emocionalmente eso? ¡Y, sin embargo, nos dicen que es para cuidarlo!
Supongo que el equipo interdisciplinario de profesionales que hizo tal norma también pensó en que, interceptado en su paso y exigido que se identifique puede causar en algunas personas un episodio cardíaco que termine -en el mejor de los casos- con una internación, para no llegar a un infarto masivo que le cause la muerte.
Porque, además, dichos autores deben conocer que -a raíz de la cuarentena- se han suspendido miles de consultas y estudios médicos, por lo que no sólo los adultos mayores, sino la mayor parte de la población que lo esté necesitando, no ha hecho ni las consultas ni los estudios necesarios. Lo que agrava la situación.
Otra de las cosas que salió mal fue la comunicación de la noticia por el gobierno de CABA. También aquí parecen haber intervenido inexpertos. Al principio se hizo más hincapié en la condición obligatoria y de exigencia con castigo punitivo (las horas de trabajo comunitario) que en destacar los beneficios que el gobierno planeaba darle al ciudadano; que en verdad los había.
Lo que motivó la inmediata reacción ya a media mañana del viernes, no sólo de quienes pertenecen al grupo de los mayores de 70 años, sino de diversas personalidades rechazando la norma.
Cuando, finalmente, las autoridades comprendieron el error y buscaron suavizar la situación, dieron a la información una forma comunicativa más adecuada. Insistieron en señalar que sólo se trataba de ayudar a quien así lo requiriera. Pero ya era tarde. No resultó creíble precisamente porque el rechazo ya estaba instalado. En el nuevo discurso, se disolvió toda sanción. Con lo cual -también en los hechos- se diluyó la normativa en sí misma.
Es obvio que esta idea surgió entre gallos y medias noches, se desarrolló de manera improvisada, no tuvo en cuenta ni las necesidades biopsicosociales de los adultos mayores, ni los derechos constitucionales en general y jurídicos en particular, ni la reacción que provocaría en un grupo humano que -al decir de las encuestas- es votante de la alianza gobernante en CABA.
En el capítulo “encerrar al abuelito” todo salió mal porque se hizo mal.
Si sirvió como aprendizaje, tal vez haya sido un costo aceptable de pagar… políticamente hablando.
