El juicio oral y público contra el exvicepresidente de Argentina Amado Boudou (2011-2015) por presunta corrupción en el proceso de compra de una imprenta de papel moneda comenzó hoy en Buenos Aires con la presentación de cada una de las partes y la lectura de la acusación.
El exjerarca, que también fue ministro de Economía entre 2009 y 2011, está procesado junto a otras cinco personas por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Se trata del segundo juicio al que se enfrenta desde que dejó el cargo, después del celebrado en julio pasado, en el que se le acusaba de haber falseado documentos para la venta de un vehículo, por lo que finalmente fue sobreseído.
El exvicepresidente llegó este martes en torno a las 9.30 hora local (12.30 GMT) a la sede de los tribunales federales de Buenos Aires.
En la causa se busca aclarar si Boudou adquirió la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica junto a un socio en 2010 -mientras estaba al frente del Ministerio de Economía-, a través de un testaferro.
De este modo, el juez Ariel Lijo sienta en el banquillo al exministro, junto a su presunto socio, José María Núñez Carmona, y el supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, quien desde hace años vive en Mendoza.
La investigación apunta también a la posible complicidad del Fisco por levantar la quiebra de la empresa desde 2010 por deudas impositivas y que impedía poder celebrar contratos con la Administración Pública.
"La Fiscalía tuvo acreditado que Amado Boudou, como funcionario público, adquirió a través de la firma TOF (The Old Fund) el 70% de la firma Ciccone Calcográfica SA de parte de Nicolás Ciccone y Héctor Ciccone (antiguos propietarios), a cambio de realizar actos necesarios para salvar la empresa que se encontraba quebrada", explicó el fiscal Jorge Di Lello en el dictamen en el que pidió la elevación a juicio de la causa.
"Para ello requirió la colaboración de José María Nuñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner y Guido Forcieri. Cada uno de ellos cumplió un rol específico en la maniobra y en función de ello es que se le otorgó significación jurídico penal al aporte que realizaron a la conducta de Amado Boudou", continuó.
Lijo ahonda en que la operación fue en realidad parte de "un plan de pagos ilegal en la Administración Federal de Ingresos Públicos", en el que el exministro "habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición".
En mayo pasado el juez dio por cerrada la etapa de instrucción del caso y pidió la elevación a juicio.
Mientras avanza este expediente, el pasado jueves un juez dispuso el envío a juicio oral de otro expediente en el que se investiga al exjerarca por presuntas irregularidades en la compra, en 2009, cuando era ministro de Economía, de 19 automóviles de alta gama destinados a esa cartera.