Argentina padece un problema de crisis crónica. Desde los comienzos de nuestra historia institucional la mayoría de las crisis se generaron por excesos de gasto público, que se cubrieron con mayores impuestos, los cuales afectaron la capacidad productiva, con endeudamiento externo que luego no se pudo pagar, o con emisión monetaria, generando altas tasas de inflación.
En los últimos cincuenta años, las crisis se enfrentaron con programas de ajuste, que siempre cayeron en el sector privado, donde el mayor recurso fue aumentar impuestos. Nunca se planteó un programa que comprometiera al Estado a bajar sus gastos sino que se presionó cada vez más a los privados, ya fueran consumidores, empresarios, trabajadores o jubilados.
Otros recursos muy utilizado fueron los acuerdos sociales que, en algunos casos, se limitaron a los precios y salarios y pretendieron poner freno a la carrera desenfrenada que suele producirse cuando se acelera la inflación. Así, el poder político sentó a una mesa a sindicalistas y empresarios para poner freno a las demandas de ambos sectores y, en algunos casos, se llegó a pactar un congelamiento.
La mayoría de estos acuerdos terminaron mal porque el Estado, habiendo sido el causante de la inflación, no redujo sus niveles de gastos y terminó generando mayor inflación que, luego de contenida, explotó en una nueva crisis, como ocurrió con la salida del plan Gelbard, que terminó en el “Rodrigazo”. Lo mismo sucedió con la salida del Plan Austral que terminó en la hiperinflación de 1988/89.
La única experiencia positiva fue el acuerdo al que llamó Duhalde, después de la crisis de 2002, por el cual no hubo paritarias por tres años y, tras una devaluación del 400% la inflación no superó el 60%. En ese momento comenzó el ciclo positivo de las materias primas, la pesificación. El congelamiento de las tarifas ayudó a contener los precios mientras la deuda estaba en default y, por ello, no había pagos de deuda. Ese ciclo positivo, que duró tres años, fue posible por la concurrencia de todas esas circunstancias, que hoy no se dan.
Ante una nueva situación de crisis, en la que hay una inflación inercial que seguramente seguirá alimentada por emisión monetaria para financiar diversos programas y un persistente déficit fiscal, se está planteando un nuevo acuerdo amplio, en el cual estarían incluidos los movimientos sociales, que no existían en los casos anteriores.
El nuevo gobierno intentará sentar a una misma mesa a los principales actores de la economía, entre los cuales también estarán los gobernadores, preocupados por la suerte de las economías regionales. La mayoría se sentará con demandas: unos de más ingresos, otros de menores impuestos pero todo ello conspirará contra la situación fiscal que el gobierno deberá mantener controlada para poder renegociar la deuda externa.
En estas circunstancias es posible esperar que todos los que se sienten a dicha mesa no puedan llevarse nada y tengan que estar dispuestos a poner algo.
Cuáles serán las condiciones que pondrá el gobierno sobre la mesa es un secreto, aunque es razonable pensar que, ante las actuales circunstancias, planteará un duro diagnóstico, al cual deberán adaptarse quienes concurran a la convocatoria
Lo que se repite es que, una vez más, el Estado no bajará sus gastos sino que tiene previsto aumentarlos, por lo que necesita cerrar rápidamente la renegociación de la deuda a fin de disponer de recursos para financiar muchas acciones, aunque no es descartable que aparezcan nuevos impuestos.
La situación es crítica y es razonable que todos pongan una cuota de esfuerzo, pero preocupa que el Estado no haga ninguna oferta que, aunque no sea significativa, tenga un carácter simbólico, como son los gastos de la política y de la Justicia, para demostrar que el esfuerzo es compartido.
