Rodolfo Suárez comenzó su gestión acelerando a fondo, ya que en su primer día como gobernador envió el proyecto de reforma de la ley 7.722, con el objetivo de potenciar la minería, tal como prometió en su campaña y volvió a mencionar en su discurso del lunes en la asunción del mando.
Como había adelantado Los Andes el 18 de noviembre, el proyecto flexibiliza la Ley permitiendo el uso de sustancias químicas (como ácido sulfúrico y el cianuro) así como también mezclas o disoluciones de ellas. También cualquier otro producto químico "cuya producción, importación y uso estén permitidos" en el país. No obstante, sí mantiene la prohibición del mercurio "en todas sus formas".
La estrategia Suárez, de jugar fuerte con su primer proyecto en un tema tan sensible, no es casual, teniendo en cuenta que al estrenarse en su cargo tendría el crédito social y el margen político para hacerlo.
Desde el radicalismo sostienen que es preferible impulsar desde el comienzo los "temas concretos" y no perder tiempo en una discusión que podría traer a Suárez un costo político mayor al esperado, sobre todo en una parte de la sociedad que se manifiesta claramente en contra de la minería a gran escala.
Con la firma del Gobernador y la del ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, el proyecto ingresó ayer a la Legislatura y ahora se espera que empiece el debate en comisiones bicamerales para estudiarlo en conjunto entre diputados y senadores. Para el oficialismo, la "pelota" está ahora de lado del peronismo, que había pedido que el Ejecutivo enviara un proyecto propio en vez de avanzar con los dos que presentaron el año pasado sus senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles.
Si bien el radicalismo pretende que se trate sin mayores cambios, desde el peronismo afirmaron que se tomarán unos días “para estudiar el proyecto”.
Mientras tanto, Alejandro Diumenjo, presidente del bloque radical en el Senado, sostuvo que este proyecto "no es polémico" ya que Suárez lo propuso desde la campaña. Agregó que es necesario "recuperar económicamente Mendoza con la reactivación de la matriz productiva".
También expresó que “se puede estar a la altura del debate con altos estándares de controles” y aseguró que intentarán llegar a “consensos políticos y sociales” para dar luz verde a la reforma de la Ley y que para el sector empresario ha frenado el desarrollo minero de la provincia.
Sin embargo, los sectores ambientalistas ya adelantaron que darán pelea en defensa de la 7.722. Eduardo Sosa, ex funcionario de Ambiente durante la gestión de Alfredo Cornejo, aseguró en Facebook que irán a la Justicia si se aprueba la reforma para plantear una "acción de inconstitucionalidad sobre el mamarracho legislativo que acaban de presentar. Lo vamos a ganar porque la ley y el derecho están de nuestro lado".
La reforma propuesta
El artículo 1 de la 7.722 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos".
Los cuestionamientos a ese artículo dicen que la frase "otras sustancias" deja abierto el abanico hasta "el infinito". Es decir, pone un cepo a cualquier proyecto minero.
Respecto de este punto, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, sostuvo a Los Andes que sustancias como el ácido sulfúrico y el cianuro "son de naturaleza muy diferentes" al mercurio, "por lo que merecen un tratamiento diferente".
“El mercurio es una sustancia muy tóxica que, una vez que entra en el ecosistema u organismo, no se puede remover, y tiene consecuencias graves a largo plazo que pueden ser irreversibles. No es para nada el caso del ácido sulfúrico y el cianuro”, comentó. Además, destacó que la forma de utilización también es diferente, ya que el mercurio “se utiliza como amalgamante para separar el oro en explotaciones de muy baja escala, llamadas ‘minería artesanal’, que suelen tener pocos controles”.
Sobre el ácido sulfúrico, el funcionario explicó que "es un elemento utilizado por muchos sectores industriales de la provincia, como la refinería de Luján de Cuyo, o también en el sector agroindustrial, para el curado de cultivos o también en procesos industriales dentro de las bodegas. Haber prohibido el ácido sulfúrico en la minería probablemente obedecía más a un desconocimiento de cómo y para qué se usa en esta actividad".
Otro cambio importante a la Ley que propone ahora el Gobierno tiene que ver con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ya que establece que cada proyecto minero no se discuta más en la Legislatura. Para los legisladores que defienden la ley actual, como Marcelo Romano (Protectora), esta reforma "hiere de muerte a la 7.722" ya que "se quita el cinturón de seguridad ambiental" que tiene esta legislación.
Además, el proyecto de reforma agrega la necesidad de incluir informes sectoriales tanto de municipios como organismos como Irrigación y el Ianigla, entre otros.
Por último, contempla la posibilidad de que se contraten auditorías internacionales. Un punto importante es la creación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y para Infraestructura Vial y de Servicios, por el cual con un porcentaje de las regalías mineras se financiarán obras de impermeabilización de cauces, y también de infraestructura vial y de servicios de saneamiento.
Claves
Prohibición explícita. "Prohíbase el uso de mercurio en todas sus formas", dice el proyecto. Así, abre la puerta al uso de otros productos químicos, como cianuro y ácido sulfúrico
Impacto ambiental. La reforma propuesta ya no establece que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un proyecto minero deba pasar por la Legislatura.
Fondo compensador. Los cambios a la 7.722 contemplan la creación de un fondo con parte de las regalías mineras para financiar obras hídricas y viales en toda la provincia.
