Luego del revuelo nacional que provocó la publicación en Los Andes de la ordenanza aprobada en Santa Rosa, que obligaba a la comuna en un plazo no mayor a 45 días a garantizar un puesto de trabajo para el hijo o la pareja de aquel municipal que fallece o se jubila, la idea será archivada, pese a que en un principio y tras el veto de la intendente Norma Trigo, que la calificó de "inconstitucional", el bloque peronista dijo que insistiría con su sanción.
La ordenanza, redactada por el concejal Marcial Ibarra, jefe del bloque justicialista, fue aprobada originalmente por los siete votos de la oposición que hoy domina el recinto, y en el espíritu de la polémica norma el concejal subrayaba la idea de "garantizar un resguardo para la familia del empleado municipal, cuando éste se jubila o fallece".
En un departamento con 17.000 habitantes, la comuna de Santa Rosa es el principal empleador y prácticamente, una de cada cuatro personas tiene relación de trabajo directa o indirecta con el municipio. En resumen, en Santa Rosa escasea la oferta laboral privada y es el Estado el que da trabajo.
"El que no vive acá, no entiende cómo es esto, ni cuál es el papel del municipal dentro de la sociedad", subrayó Ibarra, que tras la fuerte crítica que tuvo su idea en el país y el exterior, dio marcha atrás con la idea de insistir con la ordenanza. Incluso el presidente del PJ y candidato a diputado nacional Omar Félix se despegó rápidamente, sabedor de que un proyecto así ahuyenta votos.
Si bien parte de la dirigencia peronista santarrosina aún cree que hay que "dar la pelea" e ir por una nueva sanción a la polémica norma, lo cierto es que los votos en el recinto ya no alcanzan para hacerlo: no sólo el autor del proyecto ha decidido dar marcha atrás, sino que también el concejal demócrata, Antonio Ponce, puso en dudas su apoyo.
No hay votos y tampoco ánimo para sostener una idea que resultó muy criticada y que pasará a archivo, aunque Ibarra insista en que "no se entendió".
“El que no vive en Santa Rosa no entiende lo arraigado que está el municipal en la vida diaria. De todos modos sigo pensando que la familia del municipal no puede quedar desprotegida y el municipio tiene que brindar ayuda en los momentos más difíciles. Veremos más adelante qué tipo de proyecto nos brinda esa herramienta”, prometió Ibarra.
Amenazas y demagogia
Mientras tanto, y como un ingrediente más de la crisis política que vive el departamento, en las últimas horas denunció amenazas el concejal Adrián González, que recibió en su celular la llamada de un hombre que advirtió: “Dejen gobernar a Norma (Trigo) o la van a pagar”.
González llegó al Concejo para ocupar la banca que dejó vacante Trigo cuando se hizo cargo de la intendencia. Al poco tiempo, rompió con el oficialismo y junto al demócrata Antonio Ponce armaron el bloque Unidad en Acción. El edil, que se para hoy dentro de la oposición, confirmó la amenaza aunque prefirió no dar detalles: “Hice la denuncia y se está investigando, no tengo más para agregar”.
Finalmente, en la última sesión del Concejo, en la misma en que la ordenanza de los cargos heredados pasó a comisión, casi sin comentario de los ediles, se trató un proyecto de Ponce que mostró divisiones en la oposición: el demócrata pedía bajar 50% el valor de las tasas municipales.
“Para la comuna la reducción es insignificante, porque las tasas no implican un gran ingreso, pero en la época de crisis que vivimos será una muestra de sensibilidad para con los vecinos”, argumentó. El proyecto fue rechazado incluso por parte de la oposición, que aprobó en cambio un aumento de la unidad tributaria de 90 centavos a $ 1,10.
“Ponce está desesperado por votos que le permitan seguir siendo concejal y propone estas barbaridades. Yo me pregunto por qué no hizo algo parecido cuando fue intendente o por qué, si quiere hacer demagogia, no la hace con su dieta y dona el dinero que gana”, disparó la edil radical Débora Quiroga.
