Dentro de su abultada planta de personal que llega a los 2.000 trabajadores, la comuna de Santa Rosa mantiene en su cargo a unos 300 empleados que en 2015, ingresaron de forma irregular a la planta permanente.
Y pese a que en los últimos días, el Concejo aprobó una ordenanza del FpV que prohíbe el despido de municipales hasta 2018, el Ejecutivo trabaja en silencio para determinar la situación de cada empleado, aunque todo indica que no habría despidos hasta pasadas las elecciones municipales, a fines de noviembre.
“En Santa Rosa se viene la época de campaña y aunque todos sabemos, tanto oficialistas como opositores, que acá sobra gente, nadie quiere hablar del tema y mucho menos en los medios, porque eso puede asustar y espantar votos”, confesó un asesor del Ejecutivo, que encabeza de forma interina la presidente del Concejo, Norma Trigo (UCR).
Lo cierto es que con una nómina que llega a los 2.000 empleados, el presupuesto municipal se diluye en gastos de personal: “Acá hay gente que se tendría que haber ido de la comuna y no hablo de contratados sino de muchos ex funcionarios de (Sergio) Salgado que se ubicaron en la planta”, denunció el concejal demócrata Antonio Ponce.
Si bien la nueva ordenanza prohíbe despidos hasta 2018, deja una puerta a los casos en que se compruebe que el empleado no trabaja. Pero esa no es la única irregularidad para un municipio que tiene muchas oficinas colmadas, ya que existen unos 300 empleados que fueron pasados a planta en condiciones irregulares.
Todos ellos fueron efectivizados durante el último tramo de la intendencia de Salgado, que los pasó a planta en medio de un año electoral como fue el 2015, lo que choca con la ley de Responsabilidad Fiscal; pero además, ninguno de ellos ingresó con el aval de la Junta de Selección del municipio, que estudia y aprueba el expediente de cada postulante.
“Es cierto, no se ha hecho Junta de Selección desde de 2014”, admitió Trigo y aunque confirmó la irregularidad de su antecesor, subrayó que no ha despedido a nadie: “Estamos estudiando quién trabaja y quién no porque acá hay gente que quedó en planta pero que antes fue funcionario, o que estando en esos cargos ejecutivos se elevó la clase a la que pertenecía. De todos modos, no hemos decidido qué vamos a hacer al respecto”.
Y es que todo indica que más allá de la existencia de personal de planta mal nombrado o con ascensos mal otorgados, el Ejecutivo actual no despedirá gente, entre otras cosas para evitar que eso influya en los votantes a la hora de elegir nuevo intendente. Es por eso que aunque el radicalismo considera demagógica la ordenanza que presentó el peronismo para prohibir los despidos, acompañó su aprobación.
En un departamento donde uno de cada ocho habitantes trabaja en la Municipalidad, cada vez es más claro que será tarea del próximo intendente, del partido que sea, poner orden en la planta de personal y tratar de volverla más racional y efectiva.