En San Martín, el bloque de la UCR propuso crear la figura del Defensor del Pueblo: un intermediario directo entre los vecinos y la comuna, encargado de velar por la legalidad de los actos administrativos municipales.
El proyecto fue rechazado por el oficialismo y sus aliados, en una sesión muy caliente en la que ciertas diferencias casi se resuelven a las trompadas.
El concejal Mauricio Petri (UCR), autor del proyecto, se inspiró en una ordenanza municipal de 2001, redactada por el hoy ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro (entonces concejal peronista en San Martín), que si bien fue sancionada y creaba la figura del Defensor del Pueblo, terminó vetada por el ex intendente Julio Arancibia.
Petri explicó: “A pedido del vecino, el Defensor controlaría la legalidad administrativa de, por ejemplo, las clausuras, multas, sanciones, infracciones viales, habilitaciones o emplazamientos que disponga el municipio”.
El proyecto delegaba esa responsabilidad en uno de los concejales del principal bloque de la oposición, quien no cobraría por la nueva tarea pero, a la vez, se vería eximido de otras actividades como participar en comisiones.
“Supongamos que un vecino considera ilegal la clausura a su negocio. Este Defensor del Pueblo lo ayudaría a reclamar y a revisar la legalidad de la disposición municipal, sin necesidad de recurrir a abogados o a trámites burocráticos a través de reclamos en las oficinas. El Defensor estudiaría el caso y daría su dictamen, que no necesariamente debería ser respetado por el Ejecutivo, aunque ése ya es otro tema”.
Pero el proyecto fue rechazado en una sesión que arrancó caliente y que mantuvo la tensión entre oficialismo y oposición durante todo el debate, al punto que un agravio de Petri a la concejal Dalila Picato (FpV) fue respondido por el alfonsinista Omar Abdo quien, en plena sesión y argumentando que “así no se trata a una dama”, invitó al edil radical a “salir al balcón del Concejo” para resolver sus diferencias, asunto que fue rechazado por Petri y así, el entrevero no llegó a mayores.
En ese clima, el oficialismo abrió varios frentes para negar la aprobación del Defensor del Pueblo que proponía el radicalismo y archivar la idea: “Todas las facultades que Petri da a su Defensor, ya las tiene el concejal. El vecino que se siente perjudicado por una decisión administrativa de la comuna sabe que puede recurrir a la Justicia, pero también iniciar el reclamo en Mesa de Entrada del Concejo y, a partir de allí, se dará el tratamiento que el asunto requiere”, dijo Abdo.
El presidente del bloque del FpV, Roberto Loyola, agregó: “Es una figura importante pero no aplicable a un municipio. En la nación existe, pero no se ha nombrado al actual y Mendoza ni siquiera lo tiene. Es una figura que posiblemente entraría en conflicto con algunos aspectos de la ley de Municipalidades; eso, sin tener en cuenta que Petri quiere un ‘súper concejal’, que pueda directamente cuestionar las decisiones municipales y, por eso mismo, pide que surja elegido del bloque opositor mayoritario, o sea, el que él mismo integra”.
Finalmente, el proyecto fue archivado y la figura de un Defensor del Pueblo municipal, inédita en Mendoza, aunque Junín intentó una experiencia hace unos años, seguirá en el plano de las ideas.
