¿Por qué el Gobierno resolvió promover una divisoria de aguas en ásperos términos de militancia entre quienes apoyan la continuidad del confinamiento y quienes cuestionan su prolongación indefinida?
¿Cuáles son las razones que explican esa decisión oficial, de estricto orden político?
Hasta el momento las opiniones se polarizaban entre los expertos en política sanitaria, por un lado, y economistas que señalan la gravedad de la crisis, por el otro.
Ahora la controversia también se da entre médicos.
Los defensores a ultranza del encierro sin límite advierten por el crecimiento en el número de casos. Y la inminencia del invierno.
Otros critican esa mirada excluyente de la salud pública. Sólo focalizada en los efectos del Covid, ajena al impacto de otras patologías y al contexto de crisis social por el derrumbe de la economía.
Las encuestas que miden el clima social muestran un cambio. La tolerancia al encierro ha disminuido. La popularidad del Presidente, también. Aunque sigue liderando con comodidad el espectro político, sólo crece la imagen de algunos opositores: María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta.
Asoma también una fría desconfianza. La sociedad observa a un Gobierno menos enamorado de la cuarentena que del estado de excepción. Un oficialismo que le ha tomado el gusto a la concentración de poder.
Cristina Fernández condujo una sesión virtual en el Senado en la que destacó con énfasis el detalle de una breve discusión telemática. Entre el senador cordobés Carlos Caserio y el porteño Martín Lousteau. Lo puso como un ejemplo de que las sesiones a distancia no invalidan la riqueza del debate parlamentario presencial.
El ejemplo es controvertible. Usando un método similar, la diputada cordobesa Claudia Gabriela Márquez votó en contra del decreto de necesidad y urgencia que le otorgó nuevos poderes al Jefe de Gabinete. Márquez integra el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti.
¿La disidencia de Márquez debe ser leída como un gesto sinuoso del peronismo cordobés? ¿O como un click involuntario en el vértigo informático de una sesión virtual? Más bien parece que un codazo -presencial y oportuno- de su compañera de bancada, Alejandra Vigo, hubiese evitado esas suspicacias.
El incidente refleja una discusión que se viene en el Parlamento. Las sesiones virtuales funcionan para deliberaciones breves y sobre proyectos con amplio consenso. El oficialismo quiere usar el método para aprobar temas controvertidos: el impuesto a la riqueza, la investigación a Mauricio Macri por la gestión de la deuda, el pliego de Daniel Rafecas como nuevo Procurador General.
La oposición comenzará a plantear el vencimiento de las modificaciones reglamentarias de emergencia que habilitaron las sesiones virtuales. Terminaban en junio, sostienen los opositores. Con el fin de la cuarentena, replican Cristina y Máximo, al mando de ambas cámaras.
Mientras, en Tribunales, los mismos límites de la deliberación virtual parecen estar favoreciendo a la Vicepresidenta y a algunos de sus allegados, como el empresario Cristóbal López.
López es investigado por evadir impuestos para capitalizar al Grupo Indalo. Un ejemplo de confiscación incómodo para la flamante doctrina de la diputada Fernanda Vallejos. También un precursor pragmático de la “nueva fiscalidad” que propone un economista -asesor del gobierno español- que el oficialismo argentino sigue hoy con atención: Giuseppe Quaresima.
Quaresima propone que el debate económico durante la pandemia no sólo debe abarcar soluciones de emergencia. “Sería un error limitar el debate a lo contingente y vincularlo a las políticas de reconstrucción”, escribió hace unos días para el vicepresidente español, Pablo Iglesias. El primer impuesto de la emergencia (que sugiere para que quede permanente) es el nuevo gravamen sobre la riqueza.
Sus argumentos son los mismos que propondrá Máximo Kirchner para zanjar la inminente deuda que tendrá con el progresismo. Cuando el Gobierno acuerde salir del default accediendo a las exigencias de fondos de inversión como BlackRock y Greylock.
Apurado por el Presidente y el FMI, el ministro Martín Guzmán se aleja de su intransigencia inicial tan proclive a un default definitivo. Es el ministro de la deuda. Si consigue un acuerdo, puede asumir como ministro de economía.
La economía real ha cambiado con la pandemia.
Antes del virus, solucionar el endeudamiento era una condición necesaria y apenas suficiente para la reconstrucción.
Ahora el acuerdo sobre la deuda es como la lavandina en la góndola del supermercado. Actualmente imprescindible. Pero insuficiente para llenar la heladera.
Cada vez más, la economía real se acerca a una fotografía de sueldos y jubilaciones en los niveles reales de 1.989. Alberto Fernández, que se declara admirador de Néstor Kirchner, preferiría pasar a la historia como Raúl Alfonsín. Un socialdemócrata de estilo europeo, incapaz de abrazarse a una caja fuerte.
Como 1.989 fue el agujero negro del sueño alfonsinista, el Gobierno ha comenzado a mostrar algunos gestos de nerviosismo. Haciendo una previsión a un año vista, analiza ahora la suspensión de las elecciones primarias del año próximo.
Esa posibilidad fue adelantada en este espacio, el primero de marzo pasado. Ya estaba en la agenda por la crisis económica. Sin la oportunidad tortuosa que le regaló después una pandemia.
