Economía
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hace 5 minutos
Los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal firmaron ayer martes una sentencia que hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Defensa Pública Oficial y la Procuración Penitenciaria de la Nación, mediante el cual un grupo de presos peticionó la equiparación de sus derechos laborales a las condiciones de trabajo libre.
Si bien el fallo favorece específicamente a los reclusos alojados en los pabellones A, B, C y D de la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que fueron los que hicieron la presentación judicial, se abren las puertas para que el reclamo se instale en otras prisiones del país.
En Mendoza los presos realizan distintos tipos de trabajo, pero están lejos de cobrar el salario mínimo, vital y móvil. La falta de presupuesto es el principal obstáculo para cumplir con esta meta, que a su vez impide extender la discusión hacia otros puntos, como el pago de aguinaldo y el sistema de vacaciones.
“Lo que se ha fallado a nivel nacional no es ni más ni menos que lo que ya establece la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, 24.660 (Capítulo VII), del '96, y que luego se copió tal cual en la provincia: ley 8465 (propuesta por el entonces senador Luis Petri). La norma habla de que las personas que trabajan en las prisiones tienen los mismos derechos que las personas que trabajamos en la vida libre, incluso reconoce que el salario debería ser el equivalente a tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil en caso de que trabaje para el Estado o completo si es para empresas privadas”, explicó el director del Sistema Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana.
En la provincia las personas privadas de la libertad que trabajan son escasas (21%). Los datos del Sistema de Estadísticas de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación indican que acá sólo 748 presos realizan algún trabajo remunerado, mientras que hay 2744 internos que no realizan trabajo remunerado.
Los presos realizan tareas dentro de los penales en jornadas de cuatro horas y tiene dos tipos de remuneración: a destajo, es decir reciben un porcentaje de lo que producen y que se lo paga la empresa para la cual trabajan e invirtió en talleres que se dictan intramuros (este pago ronda los 2 mil pesos mensuales), y jornal, que se les paga por mantenimiento del penal o por la elaboración de productos que realizan en los talleres del penal y que luego se ponen a la venta (oscila entre los 800 pesos y 900 pesos).
En líneas generales, de esos 2 mil pesos, 25 por ciento se destina para la cárcel y otro 10 por ciento va a parar al pago de costas que haya determinado la Justicia para el preso. Mientras que de lo que resta, 30 por ciento queda para el interno, quien tiene que designar a un familiar para que retire el dinero, y 70 por ciento pasa a formar parte de un fondo para cuando el interno salga de la cárcel.
“La provincia paga (al interno que trabaja), pero no puede cumplir con el monto total fijado. Para poder alcanzar esta meta, siempre se tiene en cuenta contemplar esta situación dentro del Presupuesto, pero por una cuestión de recorte de partidas no se puede abonar en su totalidad”, dijo Orellana.
En los penales locales hay talleres de aprendizaje de oficios, bloqueras o mosaicos, fábricas de calzados. En Lavalle se hacen tareas rurales; en Almafuerte, reciclados de líquidos de limpieza, lavanderías. En la Unidad de Mujeres hay costura. En San Rafael hay actividades relacionadas con las bodegas.
“Permanentemente tratamos de incorporar oficios que tengan más salida laboral. En este sentido, en la cárcel hemos sido famosos por el trabajo del mimbre y la totora, que es un producto que hoy es poco rentable. Al mismo tiempo se trabaja para fomentar la educación, al punto de tener hasta carreras universitarias”, agregó Orellana.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria, Cristian Reyes, indicó que sólo el 10 por ciento de los reclusos de todo el país desarrollan alguna actividad laboral. Con respecto a los montos, enfatizó que "el preso que más cobra recibe 3.600 pesos" y reveló que el trabajador que se encuentra en esas condiciones "sólo recibe el 30% porque el resto va a un fondo de reserva que se le entrega al preso cuando sale de la cárcel".
Reyes dijo entender el sentimiento que puede generar esta situación en familiares de algún damnificado por un delito, pero defendió la importancia de los talleres de capacitación que hay en los penales.
