El Gobierno se prepara para cumplir con uno de los compromisos asumidos con el FMI como resultado del programa de asistencia acordado el año pasado. En marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, presentará un proyecto de Ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con foco en la restitución del mandato único para el entidad, centrado en el control de la inflación, y mayor independencia para los miembros de su directorio. Con todo, la presentación del proyecto no viene acompañada de esperanzas de una sanción de la Ley.
Miguel Braun, secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, dijo ayer a periodistas que el Gobierno se prepara para presentar el proyecto. Las sesiones del Congreso arrancan el 1° de marzo. El límite temporal comprometido con el FMI era el primer trimestre del año, es decir, antes de abril.
Fuentes oficiales dijeron a El Cronista que el foco de las modificaciones son dos. Primero, eliminar los múltiples mandatos que establece la carta orgánica hoy -al servicio del desarrollo económico, la contribución a una mayor equidad social, la estabilidad monetaria y la del sistema financiero- por un único mandato principal: la estabilidad monetaria o, más sencillo, controlar la inflación.
En el primer acuerdo con el fondo, el organismo internacional detalló los compromisos asumidos por el Gobierno.
El primero, es el de fijar la estabilidad de precios como el objetivo clave de la entidad. Segundo, prohibir todo nuevo financiamiento al Tesoro, en forma directa o indirecta.
El cuarto punto quedó algo anticuado desde que, el 1° de octubre último, el BCRA abandonó el régimen de metas de inflación pero puede tener incidencia en un futuro, ya que la administración conducida por Guido Sandleris ha dicho repetidas veces que más adelante ese tipo de esquemas podría ser adoptado. Se trata de ceder la competencia de formular la política monetaria al directorio de la entidad, incluyendo la de fijar metas de inflación a 3 años vista, previa consulta con el Ministerio de Hacienda.
Además, el acuerdo fijaba que la nueva carta orgánica debería fortalecer la accountability (responsabilidad sobre los resultados de su política) frente al Congreso.
También -y es uno de los puntos más importantes- el establecimiento de mecanismos claros para la selección y remoción del presidente, vicepresidentes y directores de la entidad. Es decir, reforzar la independencia de su directorio respecto al Poder Ejecutivo.
Las condiciones del Fondo incluyen, además, la adopción de estándares internacionales en materia de contabilidad y una clarificación del estatus legal de las reservas internacionales, "que sólo deberían servir para implementar la política cambiaria y monetaria". Entre otros puntos, normas para la distribución de ganancias y el establecimiento de mecanismos automáticos de recapitalización, además de la fijación de un nivel adecuado, también se cuentan entre las condiciones.
El compromiso del Gobierno con el FMI se cumple con sólo presentar el proyecto de ley a tiempo, en marzo. La aprobación, que podría obligar al oficialismo a hacer concesiones a cambio de los votos necesarios, no es obligatoria.
La apuesta del organismo entonces es hacer una movida simbólica, pero no sin efecto. Empuja de esta manera la agenda y deja el tema al borde de una aprobación para futuras conformaciones del Congreso. Por ejemplo, la que salga luego de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre próximo
