Aquello de que somos hijos del rigor parece no perder nunca vigencia, tanto en el orden de las relaciones humanas como en el mundo empresarial y productivo.
Prueba de ello es que en los primeros siete meses de 2014 al menos 671 bodegas cosecharon multas por haber infringido de algún modo la Ley de Vinos 14.878, un número que en relación al total de establecimientos inscriptos como elaboradores ante el INV representa casi 73%.
De la composición por origen se desprende que la gran mayoría, 493 para ser más precisos, operan en esta provincia.
Al superponer la cifra sobre la fisonomía de la Mendoza vitivinícola surge que hasta julio casi la mitad de todas las sanciones (242) se aplicaron a productores y elaboradores del Gran Mendoza. Otras 170 fueron en la zona Este y 81 en el oasis Sur, sobre todo San Rafael.
En cuanto al resto del país, en San Juan se detectaron 85 causas de infracción y 30 en Cafayate. También recayeron 19 sanciones a elaboradores afincados en Tucumán, 10 en Córdoba, 30 de Río Negro (General Roca) y 4 de la jurisdicción de Buenos Aires, según un informe del INV.
El saldo de la fiscalización incluyó a firmas que durante la primera mitad del año concentraron en conjunto 1.370 millones de litros de vino (o casi 14 meses de despachos al consumo) y 450 millones de litros de mosto en condiciones de llegar al mercado.
Además de un volumen global de alcohol etílico por 623 millones de litros y 472 millones de litros de metanol.
Las causas y el "semáforo"
En orden de importancia por la frecuencia de detección, las irregularidades pasibles de sanción más detectadas entre enero y julio de 2014 muestran a la falta de correspondencia con los datos de los análisis de origen de vinos en el primer lugar (artículo 24 inciso b de la ley).
Le siguen el uso indebido de etiquetas respecto de la denominación IG (Indicación Geográfica), errores en la información de origen varietal y el uso de agua para “estirar” volúmenes.
Así lo consignó la gerente de Fiscalización, Claudia Quini, para quien "no son tan pocos los casos como pretenderíamos teniendo en cuenta los nuevos controles. Es que la tecnología incorporada permite hallazgos específicos respecto de los controles rutinarios, como sucede con el uso del agua".
Como sea, las sanciones tienen influencia sobre el “semáforo” que desde 2010 se impuso como parte del sistema de Fiscalización Diferenciada, una forma de ajustar el rigor de los controles al monitoreo de la conducta de las bodegas: las más favorecidas están en el canal verde, y en el otro extremo, el rojo, caen las que acumulan antecedentes desfavorables. Son actualmente alrededor de 5 bajo la lupa, particularmente con frecuentes inspecciones.
“La fiscalización diferenciada facilitó los controles, pero es algo muy dinámico. Hoy hay menos bodegas en rojo que en 2013 y la tendencia marca un tiempo de estadía más corto. De las que están en el canal amarillo o intermedio, más del 50% sube al verde, el resto obviamente puede caer”, consignó Quini.
Reconocimiento voluntario
Más allá de vigilar y castigar, el INV contempla un régimen que flexibiliza las multas. La principal ventaja del llamado “reconocimiento voluntario de infracciones” es que cada firma observada puede lograr una quita de hasta el 50% en el importe de la multa impuesta. “La gran mayoría se acogió al régimen, claramente con la intención de pagar menos”, señaló Quini.
El artículo 24 inciso b de la ley 14.878 prohíbe “el expendio y/o circulación de productos cuya composición analítica no corresponda con su análisis de origen y que posteriormente no sean justificados siempre que no sean susceptibles de una sanción mayor”.
Y fija multas de $ 10 mil a $ 1 millón y de $ 70 por litro del producto en cuestión, restringiéndolo a destilación o derrame.
En el caso del agregado de agua, el marco legal estipula también sanciones que pueden llegar a multiplicarse por 100 en casos considerados graves.
Pero, además, determina el pago de $ 10 mil y $ 30 por litro si se detecta en circulación a un producto infraccionado, cualquiera sea el motivo de la falta.
Durante el último año estuvieron habilitados para operar 917 establecimientos. De acuerdo a la Ley de Vinos, las multas son parte de los recursos con los que se financia el INV.
