“Ya está funcionando de hecho y estamos cerca de una próxima formalización de derecho”, confirma el intendente peronista de Lavalle, Roberto Righi.
“Estamos avanzando y esperamos la autorización de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo durante 2017”, dice su par radical de General Alvear, Walther Marcolini.
Los dos encabezan en Mendoza la opción legal que tienen los municipios de dejar de lado las ART y en su lugar organizar mecanismos de autoseguro que cubran los accidentes de trabajo de sus empleados.
Se trata de conformar una especie de 'mini ART' pública que transfiera al Estado una actividad ocupada desde los ‘90 por el negocio privado. Otras comunas sondean el tema y evalúan sumarse.
En Lavalle y en Alvear los cálculos previos muestran un gasto público que se reduce a la tercera parte, una siniestralidad en disminución y un litigio judicial que se achica.
En los seis primeros meses de 2015 los siniestros denunciados en Lavalle (680 empleados) fueron 24 y en el mismo semestre de 2016 bajaron a 13. En el mismo lapso los días caídos -pagados pero no trabajados- disminuyeron de 2.531 a 245 (un 90 por ciento de mejora para el municipio).
Así lo indica un informe de esa comuna que estima que el costo de una ART este año hubiera llegado a 6 millones de pesos. Y que con el autoseguro se puede reducir a 2 millones.
En diciembre de 2015 se venció el contrato de Lavalle con la ART Liderar y desde entonces las negociaciones no han avanzado en una nueva contratación.
La comuna considera al servicio privado 'caro y con falencias de prestación' por lo que decidió avanzar en su autoseguro. Contrató atención inmediata en dos clínicas de Lavalle, prestación de mediana y alta complejidad con la Clínica Santa Clara (ex Pellegrina, del Grupo Olmos) y un seguro con Medical Work (con casa central en Rafaela. Santa Fe) para eventos graves. También entregó a los empleados tarjetas de acceso a las prestaciones.
En tanto, en General Alvear (900 empleados) el informe menciona una siniestralidad mensual denunciada que bajó de 22 a 5. Y la detección de un caso flagrante de abuso: la ART incluyó el esguince de tobillo de un empleado fauleado durante su partido fútbol de los días sábado.
Cuando Marcolini asumió en la comuna sureña encontró una deuda con la ART Asociar de 3,5 millones de pesos correspondiente a la gestión de su antercesor, Juan Carlos De Paolo. La deuda se pagó en diez cuotas y luego Marcolini cerró acuerdo con Provincia ART a un costo de un millón de pesos por mes.
Pero el nuevo intendente (desde la campaña) tiene la vista puesta en un autoseguro y ha avanzado en la constitución de los dos fondos especiales que exige la ley (7,8 millones para Alvear). Y ha designado un equipo permanente de cinco profesionales dedicados al tema.
Este año invirtió 1,5 millón de pesos en la compra y distribución de elementos de seguridad (desde cascos y máscaras a calzado especial,mamelucos o arneses) para disminuir los riesgos de trabajo del personal, en una comuna que no terceriza servicios y los presta con sus empleados.
También invirtió en capacitación y en prevención. Y firmó con la OSEP un convenio de traslado en ambulancias a San Rafael o la Ciudad de Mendoza cuando la complejidad de la prestación lo requiera.
Parecidos pero distintos
Uno es radical del Sur. El otro peronista del Norte.
Marcolini (46 años, un hijo) y Righi (44, dos hijos) son intendentes de departamentos ubicados allí donde terminan los discutidos ríos mendocinos.
Ambos intentan desde sus comunas frenar la endémica migración de sus vecinos hacia otros horizontes.
Marcolini (un radical del sector de Enrique Vaquié) apuesta a la Universidad Cooperativa de General Alvear (para la Nación, aún un instituto) que este año conseguirá sus primeros ocho graduados.
Y a la agencia municipal de Ciencia y Tecnología, que ha sido capaz de producir impresoras 3D para las diez escuelas secundarias del departamento.
Righi (un peronista del sector Azul) le pone fichas al autoempleo turístico y al convenio con UNCuyo que permite cursar en Lavalle el primer año de las carreras de abogacía, licenciatura en ciencias políticas y tecnicatura en gestión de políticas públicas.
Marcolini y Righi buscan exprimir sus nunca completas arcas municipales. Y -referenciándose en las comunas de Rosario y de Córdoba- han descubierto que en el área de los riesgos del trabajo se puede gastar menos y lograr resultados más satisfactorios.
Un negocio de $ 300 millones al año
El sistema de riesgos del trabajo permite que los empleadores (públicos o privados) se autoaseguren en vez de afiliarse a una ART. Para esto deben cumplir los requisitos técnicos y financieros necesarios para poder brindar las prestaciones médico asistenciales, dinerarias y preventivas previstas en la ley 24.557.
Un empleador para ser autoasegurado debe cumplir con el decreto 585/96 y contar con la aprobación especial de la Superintendencia de Riesgps de Trabajo.
Las ART son empresas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención de riesgos del trabajo y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades de origen laboral.
En su mayoría son privadas vinculadas a grupos aseguradores internacionales (Berkley, Mapfre), nacionales (Prevención de San Cor; Liderar o Asociart del Grupo San Cristóbal); también a empresas de medicina prepaga (Swiss Medical o Galeno) y hasta a bancos estatales (Provincia, con el Bapro).
Están controladas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En el sector de las ART se estima que los 18 municipios mendocinos pagan no menos de 300 millones de pesos al año para cubrirse de los accidentes de trabajo.
Y que la generalización del autoseguro en las comunas mendocinas significaría un golpe de ese monto para los negocios de las ART.
Tanto en Lavalle como en General Alvear descuentan que existen acciones de lobby contra el autoseguro desde las ART. “Hasta un helipuerto nos pidieron para emergencias (en la SRT). Y debimos anotar el del parque industrial”, hicieron notar en la comuna de Lavalle.
Las ART aparecieron bajo la presidencia de Carlos Menem durante la ola privatista que hizo surgir las AFJP en el sistema previsional.
Bajo el ciclo de Néstor y Cristina Kirchner -con la nacionalización del sistema jubilatorio y la eliminación de las AFJP- se evaluó un proyecto de estatización de las ART elaborado desde la CGT por Hugo Moyano, que finalmente no se concretó.
Con Cristina Fernández se modificó el sistema buscando evitar 'la doble vía' que permitía juicios laborales con indemnizaciones tanto de la ART como del empleador.
Y actualmente el gobierno de Mauricio Macri evalúa nuevas modificaciones tendientes a evitar 'la industria del juicio'. Y muestra un stock de 350 mil procesos judiciales en los últimos tres años.
