La búsqueda de un nuevo domicilio para la comisaría 12 y la Fiscalía de San Martín se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ministerio de Seguridad, dada la dificultad que implica encontrar en la ciudad un lugar que reemplace a la actual sede que ambas dependencias ocupan en calle España y que ha resultado ser inhabitable, tras un estudio antisísmico realizado al edificio.
Hace un par de semanas el tema parecía casi resuelto, con el anuncio de la mudanza de ambas dependencias al edificio donde funcionó durante años una clínica de traumatología, en el corazón del barrio Las Bóvedas, pero la negociación se complicó tras la queja de algunos vecinos y quedó finalmente descartada cuando se conoció la negativa de uno de los propietarios a alquilar el inmueble para comisaría.
“No estamos de acuerdo con que se mude la comisaría 12 a Las Bóvedas y hemos juntado firmas por si es necesario que el reclamo tenga mayor peso”, opinó Sandra, una vecina que vive en las inmediaciones de calle Pirovano, donde funcionó durante años la clínica Luque, que fue el primer destino posible para la mudanza.
“El problema son los presos. Este es un barrio relativamente tranquilo y no queremos que eso cambie con la llegada de personas detenidas y de los familiares que siempre se arriman a una comisaría para estar con ellos o hacer algún trámite”, agrega Soledad, que también vive en la zona.
Por estos días, muchos vecinos de Las Bóvedas se mostraron preocupados por el posible arribo de la comisaria 12 y cómo eso trastocaría la rutina diaria e incluso el valor de las propiedades más cercanas. De todos modos, la idea quedó descartada por los mismos dueños del inmueble: "Lo de ir a la clínica Luque se cayó definitivamente porque uno de los dueños se opone a alquilar el lugar para comisaría", confirmaron autoridades policiales.
La posibilidad más firme que hoy existe es mudar la comisaría y la fiscalía a una propiedad en calle Albuera, cerca del carril Moyano.
Así las cosas, y frente al grave dictamen técnico que dio la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad, que a comienzos de mes pidió desalojar el edificio cuanto antes por peligro de derrumbe, los jefes policiales salieron a buscar locaciones, tarea compleja debido a la escasa oferta en la ciudad de inmuebles que puedan adecuarse.
“Lo ideal es que donde vayamos sigamos funcionando junto a la fiscalía, porque muchas de las tareas se hacen en conjunto. Además, es necesario espacio para estacionar móviles y vehículos secuestrados y el lugar debe ser grande como para armar oficinas, una guardia y los calabozos”, explicaron desde la comisaría 12.
En ese contexto, tampoco parece viable la segunda opción que se barajó apenas conocida la noticia del pésimo estado de la comisaría: mudarse al edificio del Cuerpo Médico Forense, en calle Avellaneda. Finalmente también habría quedado descartada la búsqueda de locaciones fuera de la ciudad, porque complicaría las tareas habituales de una comisaría céntrica, como son la custodia diaria de comercios y bancos.
Ante la escasez de oferta, las autoridades han llegado a consultar por un inmueble donde hasta hace pocos funcionó un supermercado: "Rápidamente quedó descartado, entre otras cosas porque el alquiler ronda los $ 300.000", agregaron.
Por último, la posibilidad más firme que hoy existe es mudar la comisaría y la fiscalía a una propiedad en calle Albuera, cerca del carril Moyano. "Es una casa enorme, que necesariamente hay que adaptar a nuestras necesidades y aunque (el trámite) no está cerrado, es por ahora la única alternativa que manejamos", concluyen desde la comisaría.
"El edificio no da para más"
Desde mediados de los 90, la comisaría 12 ocupa un viejo edificio de más de 900 m2 en España y Salta, frente al parque Sarmiento. Allí funcionó hasta 1991 el viejo hospital Perrupato.
En ella trabajan 79 efectivos, más el personal de Sanidad y de la Fiscalía, que fue creada hace pocos años y ocupa la mitad del lugar. “El edificio no da para más y hasta podría venirse abajo, pero no podemos mudarnos a un lugar más chico donde estemos hacinados”, piden los uniformados.
Una inspección del Ministerio de Seguridad determinó que no reúne condiciones de construcción antisísmica: “Las paredes no tienen columnas y no hay hierro, solo ladrillos entrecruzados”, dice el estudio técnico, que califica al edificio como “inhabitable”.
