Las posibilidades de un acuerdo político entre los intendentes del PJ y el Gobierno provincial terminaron de desgranarse ayer, tras el fracaso de la audiencia de conciliación que programó la Suprema Corte. Ambas partes se mantuvieron inflexibles en la reunión en el Palacio Judicial.
De hecho, la causa se trabó aún más con la presentación del recurso extraordinario en la Corte nacional por parte de los jefes comunales, lo que para el Gobierno terminó de empantanar la causa.
Sin embargo, los peronistas insistieron en que fue el propio gobernador quien comenzó el conflicto al promulgar la reforma del artículo 198 y así limitar las reelecciones. "Nosotros lo vemos como una operación directa, una maniobra para el exterminio de nuestra fuerza política", lanzó Emir Félix, quien actuó de vocero de los cuatro jefes comunales al salir de la reunión.
De ella participaron seis de los siete jueces de la Corte (Pedro Llorente estaba de viaje en Córdoba), los cuatro intendentes juanto a su abogado, Efraín Quevedo Mendoza; el fiscal de Estado, Fernando Simón; el asesor de Gobierno, Ricardo Canet; y desde el Ejecutivo fueron el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, y Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia.
Con ambos sectores sentados a la gran mesa oval, el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, les propuso a título personal la suspensión de las elecciones municipales en los cuatro departamentos y unirlas a las provinciales, para ganar tiempo y abaratar costos. Esto fue rechazado en pleno por los intendentes, quienes retrucaron: solo aceptarían postergar los comicios si el Gobierno también hacía lo mismo con las elecciones provinciales, plegándolas a las nacionales. Como se esperaba, fue descartado por el Ejecutivo.
Al terminar la corta audiencia (duró menos de una hora), Nanclares insistió ante la prensa que es necesario "buscar una solución política que nos evite tener que dictar sentencia en un momento donde los tiempos políticos apremian". Lo dijo sin conocer la decisión que tomaría Cornejo por la tarde.
Félix, por su parte, acusó al Gobierno de "presionar" a los jueces: "Hay declaraciones muy fuertes que generan presión a la Corte. Esto está clarísimo, intentan volcar a la opinión popular sobre la Corte. Nosotros esto lo alertamos como un riesgo institucional importante que Mendoza no está acostumbrada a vivir".
Y después volvió a apuntar: "El Gobierno quiso modificar el número de la Corte para controlarla, en una amañada sesión que todos conocen", dijo en referencia al proyecto para ampliar el tribunal que en 2017 no logró avanzar en la Legislatura.
