Las especulaciones cambian constantemente y con ellas el rumbo de los activos financieros, bonos, acciones, valor del dólar. Lo cierto es que falta muy poco para saber si la Argentina entrará o no en default a raíz del fallo adverso en la justicia de EEUU por el litigio con tenedores de bonos no canjeados en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, en particular con dos fondos buitre.
La opción, tanto para el Gobierno como para la sociedad y la economía argentinas, es entre lo malo y lo peor. La evaluación no es sencilla de hacer y menos aún de consensuar. Lo que está claro es que el Gobierno actuará en función de sus cálculos, y por eso vale analizarlos.
Antes de que la Corte Suprema de EEUU decidiera no revisar el fallo del juez Thomas Griesa y confirmado por una Cámara que obliga a la Argentina a pagar a los buitres en efectivo y en un solo pago poco más de 1.300 millones de dólares, so pena de impedir los pagos a los bonistas que entraron a los canjes, el Gobierno apostaba a una reinserción financiera que le sirviera para acceder al crédito internacional y aceitar así el tránsito hasta el 10 de diciembre de 2015, fecha del próximo recambio constitucional.
Estaba claro, ya a fines del año pasado, que el cepo cambiario instaurado en 2011 y la parafernalia regulatoria y estatizadora habían fracasado. El dólar no dejó de subir, la brecha con el tipo de cambio oficial superaba 60%, las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron en más de 20.000 millones de dólares, la inflación siguió en aumento y se instaló una dura recesión.
Producto de la renovada estrategia de salida fueron los pagos de dos juicios perdidos ante el Ciadi, una instancia mediadora en conflictos de inversión que funciona en el Banco Mundial y cuyos fallos arbitrales el Gobierno venía incumpliendo largamente; el arreglo por la expropiación de YPF a la española Repsol y la renegociación de la deuda con los países miembros del Club de París.
Los arreglos con Repsol y con el Club de París compartieron, además, dos características: fueron carísimos para el país y financieramente casi gratuitos para el Gobierno, que concentró los pagos entre 2016 y 2019.
Detrás de esa estrategia estaba la convicción de que “haciendo los deberes”, el Gobierno tendría recompensas rápidas: créditos bilaterales (de las agencias aseguradoras y de crédito de importación y exportación de los países miembros del Club de París) y multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID), baja del riesgo país y, de yapa, acceso al crédito para provincias grandes y en aprietos financieros, como Buenos Aires, y para grandes empresas, en especial para que YPF financie sus ingentes necesidades de capital que requiere el desarrollo de la supuestamente portentosa formación Vaca Muerta.
Así se podría revertir la escasez de dólares, bajar las tasas, morigerar la inflación y, por ahí, hasta reactivar la economía y tener un candidato kirchnerista con expectativas en 2015.
Cuando la Corte de EEUU decidió no revisar el fallo de Griesa, convalidándolo, la estrategia quedó en entredicho. No sólo por lo que significa financieramente sino porque vino a cuestionar la idea de la secuencia conducta-recompensa. Para una mentalidad autoritaria y conspirativa como la de la Presidenta, fue un mentís a las ideas que había comprado, a regañadientes, de algunos asesores. Si persisto en la idea de la “buena conducta” y pago el fallo, los costos aumentan, y la promesa de recompensa sigue estirándose en el tiempo. ¿Cuál es el beneficio? habrá pensado.
Más importante aún, en la saga judicial, la Presidenta encontró lo que más valora: un buen enemigo. Un enemigo ciertamente detestable, ante el cual lucir ropa de heroína y al cual asociar a los enemigos internos. De ahí la consigna “Patria o buitres”.
La idea del “default épico” no es, en modo alguno, atractiva. Cuanto menos, garantiza renovadas tensiones sobre el dólar y las reservas del Banco Central, más presión inflacionaria y prolongación de la recesión iniciada a fines de 2013. Pero tiene al menos el atractivo del “Relato”, tan caro al kirchnerismo en general y a la Presidenta en particular. Avenirse al fallo neoyorquino, en cambio, rompería ese encanto magullado pero hecho dogma entre la feligresía K, a cambio de una recompensa esquiva y, para la expectativa presidencial, seguramente insuficiente.
Ciertamente, hay una tercera posibilidad, que el juez Griesa conceda la cautelar que, en toda lógica, pide el Gobierno, evitando así el default y dando más tiempo para negociar. Es la alternativa de la bicicleta, de razonable fundamento dada la llamada “cláusula RUFO”, por el cual la Argentina se comprometió a extender a todos los bonistas cualquier oferta de pago hecha a quienes no entraron a los canjes 2005 y 2010. Pero esta postergación no cambiaría las opciones, salvo que CFK pueda pasar los costos más allá de 2015.
La frutilla del "Relato"
La reciente cumbre de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a cuyas postrimerías fueron invitados los presidentes de la Unasur, incluida CFK, permitieron pulir la readecuación de la estrategia de salida. El paso de los presidentes ruso (Vladimir Putin) y chino (Xi Jinping) por Buenos Aires, con una batería de acuerdos y anuncios, como los créditos chinos para la construcción de las represas patagónicas y la reactivación de Belgrano Cargas y el convenio de canje de monedas (yuanes por pesos) entre el Ministerio de Comercio de China y el BCRA, dan endeble sustento a la idea de una “inserción internacional” alternativa y a que la asociación con los dos principales detentadores de activos externos suplirá la escasez de dólares.
Como ya dijimos en una columna anterior, esas especulaciones son más del reino de la Fantasía que opciones reales. En todo caso, esos arreglos no cambiarán un ápice la situación económica (inflación, recesión, escasez de dólares y de inversión) y social (aumento del desempleo y de la pobreza, acicateada por el desempleo mismo y por la caída de los ingresos reales de la mayor parte de la población).
Para ver cuán descaminadas son las expectativas kirchneristas respecto del acuerdo “estratégico” con China basta repasar, como hizo el consultor Federico Muñoz, las evaluaciones de Dagong, la agencia de evaluación crediticia china, que asigna a la Argentina el más alto “riesgo soberano” de América Latina y desde 2010 rebajó tres veces la nota del país.
En sus acuerdos con la Argentina, Pekín financia negocios de sus propias empresas (se calcula que hay 37 firmas chinas construyendo un centenar de represas fuera de China), da un adelanto de proveedores a un cliente con dificultades de pago con el que tiene un superávit comercial de 6.000 millones de dólares y prioriza fuentes de provisión y redes de transporte para los bienes que le compra (soja, en particular, y todo aquello cuya producción requiera agua, en general).
No se trata de un “cuento chino”. Por el contrario, el cuento es enteramente argentino.
